El 27 de noviembre de 2018 el entonces Presidente de Estados Unidos Donald Trump, declaró conforme la Orden Ejecutiva 13851 una emergencia nacional en la que identificaba a Nicaragua como una «amenaza inusual y extraordinaria» a su seguridad nacional y a su política exterior.
El 24 de octubre de 2022 el presidente Joe Biden emitió la Orden Ejecutiva 14088 para tomar medidas adicionales sobre las ya aplicadas por Trump y en base a ello, se extendieron más sanciones para funcionarios y allegados de la familia Ortega-Murillo, así como a empresas que permitían sus operaciones corruptas en el país.
Hoy, el presidente Biden ha emitido una nueva declaración en la que asegura que «la situación en Nicaragua, incluida la respuesta violenta del Gobierno de Nicaragua a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, y el continuo desmantelamiento y socavamiento sistemático de las instituciones democráticas y el estado de derecho por parte del régimen Ortega-Murillo, su uso de la violencia indiscriminada, y sus tácticas represivas contra civiles, así como su corrupción que conduce a la desestabilización de la economía de Nicaragua, continúa planteando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos».
En base a eso, el mandatario estadounidense decidió extender por un año más la emergencia nacional y la consideración de Nicaragua como una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. El anuncio fue publicado en el sitio oficial de la Casa Blanca y se orientó que sea compartido con el Congreso de Estados Unidos.
¿Respuesta a asesinato de la república?
El anuncio ocurre solo un día después de que el régimen de Daniel Ortega y sus diputados aprobaran en la Asamblea Nacional una nueva Constitución Política que desmantela el modelo democrático del país y que da paso a lo que ellos llaman un «Estado revolucionario y socialista».
El Fondo Monetario Internacional emitió ayer una evaluación sobre la economía de Nicaragua considerándola «sólida y estable», sin embargo, a pesar de los halagos al manejo que Ortega ha hecho desde 2018 sorteando múltiples sanciones internacionales, dejó claro que una amenaza enorme para esa sostenibilidad económica es que estos castigos se vuelvan más duros.
Por ahora ningún país ha anunciado medidas en contra del régimen por esta reforma constitucional, aunque sí ha habido declaraciones condenatorias.
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