Antes de ser investido como diputado ante la Asamblea Nacional en 2022, el agitador sandinista Moisés Absalón Pastora, ganaba contratos públicos de instituciones del Estado en concepto de “publicidad” para su programa “Detalles del Momento”, transmitido por el estatal Canal 6, pero luego de ser juramentado, apareció como su “prestafirmas” su esposa: Saraí de los Ángeles Medrano Tenorio.
Ella resultó repentinamente vinculada como gerente general de ese programa y se convirtió en la mujer que ahora firma los contratos de su esposo, lo que es calificado por los expertos consultados para este reportaje como una práctica de corrupción al “más alto nivel” que avala sin control el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes también cuentan con toda una red de “prestanombres” a su favor para mermar los recursos del Estado de Nicaragua.
Los documentos oficiales en poder de Nicaragua Investiga revelan que entre 2022 y 2023, Absalón Pastora recibió, a través de su esposa, al menos tres contratos de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) y la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), por un monto de C$1,080,000 ($29,548.56).
Una experta en temas tributarios, quien solicitó condición de anonimato por motivos de seguridad, sostiene que en el caso de Absalón Pastora podría recibir tres tipos de sanciones, porque está regido por la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, que señala una serie de delitos de carácter administrativo, civil y penal.
“Puede ser desde inhabilitación en el cargo temporal o puede ser eliminación de su salario por x cantidad de tiempo y hasta dejar de ser servidor público, esa es la parte administrativa; la parte civil, indemnizaciones por daños y perjuicios contra el Estado y la parte penal es la calificación de un delito”, explicó la experta.
Absalón Pastora no solo cuenta con esa entrada de dinero público, además goza de un sueldo neto como diputado de C$104,096.24 ($2,846.39).
Por recibir un sueldo como legislador y beneficiarse con licitaciones públicas a través de su esposa, está violando la Constitución Política que establece el artículo 130, que “los funcionarios públicos de cualquier Poder del Estado, elegidos directa e indirectamente… no pueden obtener concesión alguna del Estado”.
También quebranta la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, que prohíbe en su artículo 8, “utilizar la función pública en provecho de cualquier persona en perjuicio del Estado”. El artículo 9 de esa misma ley prohíbe “solicitar o aceptar, en beneficio propio, comisiones en dinero por concepto de adquisición de bienes y servicios para cualquier institución del Estado”. Sin embargo, el diputado no ha sido investigado ni sancionado por violar estas leyes.
“Los demandaría por injurias”
A Medrano Tenorio no se le conoce profesión relacionada al periodismo ni en el campo de los medios de comunicación. La poca información que se tiene sobre ella, son las publicaciones que ha hecho su esposo en Facebook, en las que se ve a ambos disfrutando de platillos exquisitos en restaurantes y centros turísticos.
Nicaragua Investiga llamó al número telefónico del diputado para preguntarle por qué su esposa aparece como prestafirma para ganar contratos que en su propio nombre por impedimento de ley él no puede asumir, pero se negó y enfurecido dijo lo siguiente: “No le respondo a medios terroristas. Dígale a Jennifer Ortiz que si estuviera aquí en Nicaragua la demandaría por injurias y calumnias”.
“Aquí desde algunos medios de comunicación se dicen barbaridades, vulgaridades y ofensas que la grita general es que los cierren o los demanden”, dijo Pastora el 19 de abril de 2023 cuando medios como La Prensa, Confidencial y 100% Noticias habían sido confiscados de facto por contar la realidad que se vive en Nicaragua.
La experta en temas tributarios dice que los prestafirmas son parte del entramado de corrupción endémica que está dentro de todo el sistema. “No es una práctica que vaya a ser prohibida. Más bien, es una práctica que es utilizada por el gobierno para poder captar fondos”, señala. Y agrega: “Jamás lo van a castigar porque es una fuente de obtención de recursos de manera ilegal. Aquí ya no estamos hablando de corrupción a pequeña escala”.
La prestafirma de Alberto Mora
La Unidad de Investigación de Nicaragua Investiga identificó a otro propagandista del régimen que ha recurrido a esta práctica de corrupción. Es el agitador sandinista Alberto Mora, quien tiene un programa en Canal 4 de televisión, propiedad de la familia Ortega-Murillo. Según reveló Nicaragua Investiga el año pasado, él usó la firma de su exesposa, Cecilia Gorriarán Sívori, para ganar un contrato público con Enatrel, en concepto de “publicidad” por la suma de C$427,617.60 ($11,690.26).
La prestafirma es hija de Enrique Gorriarán Merlo, un exguerrillero argentino que lideró una célula que acabó con la vida del dictador Anastasio Somoza Debayle el 17 de septiembre de 1980, en Asunción, Paraguay.
En los documentos que aparece Gorriarán Sívori, se encontró el correo electrónico [email protected], propiedad del agitador sandinista, como confirma una publicación del sitio web NicaLeaks, el cual tras la publicación del reporte de Nicaragua Investiga fue eliminado.
Se envió un correo electrónico a Alberto Mora para preguntarle las razones del por qué su ex esposa fue integrada a esos contratos y el vínculo con su empresa, pero no respondió.
Según información a la que tuvo acceso Nicaragua Investiga basada en datos de Seguro Social, Gorriarán Sívori tiene relación con la empresa Publimei y cobra un salario de C$60,000.00 ($1,640.29). Recibe otro de C$73,000.00 ($1,995.68), de la empresa Importaciones y Servicios, Sociedad Anónima (IMPRESA), cuyo representante legal es José Alberto Mora Durán. Estas dos compañías ganan licitaciones públicas en concepto de publicidad.
En la misma base de datos aparece Alberto Mora cobrando un sueldo de C$101,211.00 ($2,767.49) de la empresa Comunicación Televisiva S.A, otra que también gana contratos públicos para su programa.
Él se ha referido a los acontecimientos de 2018 defendiendo los abusos del régimen sandinista. En el programa emitido el 19 de abril de 2023 en el que estuvo acompañado con Gustavo Porras para hablar de el “Día Nacional de la Paz”, dijo que “hubo una narrativa de mentira y de inventos, pero sobre todo hubo un cinismo de parte de todas estas personas que formaron parte de esta intentona golpista”.
Hijos de Ortega-Murillo usan red de testaferros
Otros que también han incurrido en prácticas de corrupción son los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes en los últimos años se han valido del uso de una red de testaferros que prestan su nombre para absorber presupuesto público a través de sus empresas, la mayoría ligados con los medios de comunicación de la familia gobernante.
Uno de esos y quizás el de más poder es José María Enríquez Moncada, representante legal de los Ortega-Murillo y accionista en decenas de negocios de la familia presidencial. En 2012, una investigación de la Policía Nacional reveló que era socio de 7 de las 15 empresas que la red de narcotráfico de Henry Fariñas y Alejandro Jiménez (El Palidejo) para lavar dinero.
Enríquez Moncada aparece como el representante legal de Celestes S.A (Canal 13) que es dirigida por Camila, Luciana y Maurice Ortega Murillo. Además, es representante legal de Canal 8, cuyo dueño es Juan Carlos Ortega. El testaferro aparece ganando contratos públicos en beneficio de estos dos canales de televisión.
Enríquez Moncada dirige Negocios Publicitarios Internacionales (Nepisa), una compañía fantasma que también gana partidas millonarias de los recursos públicos para beneficiar a los medios de los hijos de la pareja gobernante.
“El hecho que los hijos de Ortega hagan uso de testaferros pone en evidencia la corrupción generalizada que deviene de las más altas esferas del Estado, que genera una competencia desleal con otros empresarios que licitan para obtener acceso a las contrataciones públicas, pero también pone de manifiesto el acceso privilegiado que tiene la familia en el poder de los recursos públicos”, dijo el abogado nicaragüense Juan Diego Barberena.
Empleada de mayor confianza
Mayling Patricia Alegría Doña, dueña de un lujoso salón de belleza que apareció repentinamente en el barrio Altagracia, es otra de las figuras claves en el entramado de corrupción empresarial de la familia Ortega-Murillo. Es representante legal de la oficialista Radio Ya, medio que gana contratos públicos en donde estampa su firma con su nombre. También, es secretaria de la junta directiva de la Fundación TN8.
Ella ha fungido como accionista y firma como tal los contratos en beneficio de otros, que incluyen al grupo radial Codisa, la Empresa de Entretenimiento Digital S.A, nombre legal de Tu Nueva Radio Ya, Radio Variedades, la empresa publicitaria In & Out, Radio Futura y Comunicaciones Digitales Internacionales, de la que también es accionista Enríquez Moncada.
Alegría Doña tiene otro vínculo más profundo con la familia en el poder: dirige al menos 11 estaciones de gasolinas de la red de Inversiones Zanzíbar, ligada con Rafael Ortega, hijo mayor de los dictadores y que está sancionado por Estados Unidos por “generar beneficios, lavar dinero y ganar acceso preferente a los mercados para el régimen del país”.
“Hay un pequeño grupo, una camaradería delincuencial que se privilegia con los beneficios que dan las posiciones de poder del Estado”, zanjó Barberena sobre esta red de testaferros que usa la familia en el poder.
Otro testaferro de los hijos de Ortega-Murillo
Alfredo Antonio Vanegas Morales es otro personaje que aparece en el emporio mediático de la familia presidencial. Una investigación de Confidencial reveló que en 2012 Caruna le hizo un préstamo millonario, que fue transferido a la empresa Informativos de Televisión y Radio S.A. (Intrasa), propietaria de Canal 4, en donde Vanegas Morales firmó y apareció como representante legal de Daniel Edmundo Ortega Murillo, otro de los hijos de Ortega-Murillo, y uno de los directores de ese medio televisivo, junto a su hermano Carlos Enrique.
En 2020, Enatrel benefició a Vanegas Morales con un contrato por la suma de C$3,390,640 ($92,767.17) en concepto de publicidad “en un canal de televisión”, el cual, según documentos oficiales, no se especifica la señal, únicamente aparece la empresa Publicidad Extrema, ubicada en reparto El Carmen, frente a Canal 4.
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La experta en temas tributarios explica que la red de testaferros está basada en amistades de confianza, parentesco en grado de afinidad o consanguinidad y afinidad política, pero todos persiguen un rédito económico. “Es un sistema montado muy fuerte que tiene consecuencias serias y la principal es el desvío de los recursos públicos. ¿Qué pasa con esa plata que se desvía? ¿Qué es lo que financia? Son recursos que no se destinan para lo que deben de ser y las consecuencias son de todo un sistema que no satisface las necesidades de la población”, señaló.
La prestafirma de Gustavo Porras
Daniel Ortega también encontró otra forma de evadir los efectos de las sanciones impuestas a sus funcionarios más leales para mantenerlos en el cargo. Inició una serie de reformas a las leyes nicaragüenses y creó la figura de “prestafirmas”.
Luego de las sanciones impuestas en 2019 por el Departamento del Tesoro a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, se reformó la Ley Orgánica del Poder Legislativo para quitarle facultades administrativas a él y evitar problemas financieros. Ahora pasó el poder a la Secretaría Ejecutiva que es nombrada por la Junta Directiva de la Asamblea y no por Porras. En la actualidad, la diputada Yessenia Suazo Arriola es quien funge como prestafirma.
Olga Valle, directora del organismo Urnas Abiertas, sostiene que esta maniobra del régimen “es una muestra de cómo opera el fenómeno de la corrupción, que se adapta y toma diferentes prácticas según el contexto lo amerita, la respuesta que da la dictadura al usar presta firmas es la de proteger el poder de estos funcionarios”.
Juan Diego Barberena explica que la dictadura ha logrado eludir el efecto de las sanciones en cuanto a la permanencia de los funcionarios sancionados, pero señala que los funcionarios públicos que acceden a ejercer funciones de otros bajo esta modalidad se prestan también a ser objeto de este tipo de acciones.
Los prestafirmas de Ministerio de Hacienda
El titular del Ministerio de Hacienda, Iván Acosta, —sancionado por Estados Unidos en mayo del 2020, junto al Jefe del Ejército, Julio César Avilés—, a quien el régimen le retiró todos los poderes en las estructuras financieras del Estado; en al menos dos ocasiones Daniel Ortega se ha visto obligado a recurrir a prestafirma para mantenerlo en su puesto.
En la primera ocasión, nombró el 26 de mayo de 2020 al exsecretario de Administración Financiera de Hacienda, José Adrián Chavarría Montenegro, como viceministro. Entre sus nuevas funciones estaba el poder firmar todos los documentos relacionados con el ministerio y los desembolsos nacionales y extranjeros.
El 15 de noviembre de 2021, Chavarría Montenegro fue sancionado por el Departamento del Tesoro, por lo que su firma dejó de tener valor administrativo. Ante esto, Ortega se vio obligado a nombrar nuevamente a otro prestafirma, y ascendió a Bruno Mauricio Gallardo Palaviccine como nuevo viceministro de Hacienda el 15 de noviembre de 2021. Él asumió todas las funciones de su antecesor, con la excepción que el régimen no derogó el nombramiento de Chavarría por lo que esa cartera cuenta con dos viceministros.
La experta en temas tributarios dice que los prestafirmas resultaron también efectivos para enfrentar los obstáculos de las sanciones.
“Lo que hacen es tratar de vencer esta barrera que han puesto las sanciones y desde luego el principal cómplice para cometer todo esto es el mismo Gobierno y las autoridades. Ellos no reconocen la barrera como real y lo que hacen es buscar caminos adicionales”, afirma.
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