La casa del General en retiro Hugo Torres fue llanada por la policía nacional la tarde de este domingo 13 de junio de 2021, según informa el equipo de prensa de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
Más tarde la Policía Nacional confirmó la detención de Torres a través de un comunicado de prensa en el que asegura que ha iniciado investigaciones en su contra por el supuesto delito de «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación» e «incitar a la injerencia en los asuntos internos».
Torres participó en 1974 en un operativo armado, «el asalto a la casa de Chema Castillo», que permitió tomar rehenes de la alta esfera política y diplomática del país con los cuales el FSLN pudo negociar la liberación de varios de los que declaraba como presos políticos en la época, entre ellos el mismo Daniel Ortega, quien hoy es el jefe máximo de la institución que ejecuta su captura.
Más temprano, la también exguerrillera Dora María Téllez fue apresada por la policía junto a Margarita Vigil bajo investigaciones por los mismos cargos. También apresaron a Suyén Barahona, Presidenta Nacional de UNAMOS, el antiguo Movimiento de Renovación Sandinista.
El gobierno ya suma más de 12 opositores apresados en los últimos días en lo que activistas digitales del Frente Sandinista han denominado «Danto 2021», que consiste en el apresamiento de opositores y que ha despertado la condena internacionales.
Iglesia se pronuncia
La Conferencia Episcopal de Nicaragua emitió un pronunciamiento el pasado 11 de junio ante «las amenazas de la pandemia; la grave crisis institucional, política y económica; y delante del panorama de las próximas elecciones» que vive Nicaragua en estos momentos.
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El comunicado surge en medio de un negativo contexto y una intensificación de las tensiones entre la Iglesia Católica y el gobierno de Nicaragua. Hace unos días, el periodista sandinista William Grigsby, advirtió en su programa de radio que hacen falta capturados dentro de lo que denominan “Operación Danto 2021” y señaló que máximos jerarcas de la iglesia católica irían en esa lista por considerarlos “autores intelectuales” de la crisis de 2018.
Recientemente, Rosario Murillo también arremetió contra los religiosos. La vocera gubernamental afirmó que los obispos recibieron dinero para apoyar lo que ella llama “golpe de estado”. Murillo repitió que «la justicia tarda, pero llega» y aseguró que «ya era hora» de según ella, hacer justicia contra los opositores, pues era algo que «los nicaragüenses le pedían».
«Queremos y preferimos para Nicaragua un sistema democrático donde la autoridad política es respetable ante el pueblo y los organismos representativos deben estar sometidos a un efectivo control por parte del cuerpo social», dice el comunicado firmado por la Conferencia Episcopal.
A través del escrito, reconocen la importancia de la separación de los poderes del Estado, de «no olvidar y volver la mirada» hacia quienes sufren por un familiar asesinado, desaparecido o detenido; y del respeto al voto «como resultado de unas elecciones libres y transparentes».
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