La Fiscalía de Venezuela confirmó este martes el arresto del activista de derechos humanos Eduardo Torres, cuya «desaparición forzada» había sido denunciada por la oenegé Programa Venezolano de Acción Educativa en Derechos Humanos (Provea).
Torres es abogado y miembro de Provea desde 2019. Según sus familiares, fue visto por última vez el viernes 9 de mayo en una zona central de Caracas, donde tenía previsto asistir a una reunión.
«Eduardo no es ningún delincuente, Eduardo simplemente es un defensor. Es un defensor de la dignidad de las personas, es un defensor por los derechos laborales, Eduardo no ha cometido ningún delito», dijo su esposa Emiselys Núñez en una rueda de prensa este martes.
«¿Dónde está Eduardo?», gritaban los miembros de la ONG. «La desaparición de Eduardo es un ataque directo a Provea», dijo su director, Oscar Murillo, antes de que se confirmara su arresto.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó luego que Torres fue «detenido por su vinculación con una trama conspirativa para generar violencia durante las elecciones (legislativas y regionales) programadas para el 25 de mayo».
«Fue presentado conforme lo establecen los lapsos procesales, garantizándole su derecho a la defensa y se le decretó medida privada de libertad por los delitos de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación», indicó Saab en una nota de prensa.
Estos cargos pueden acarrear una sentencia de 30 años, la pena máxima en Venezuela.
Según sus familiares y compañeros de trabajo, el activista recibió «amenazas» por parte de cuerpos de seguridad del Estado en varias ocasiones.
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Provea presentó el lunes un recurso de amparo en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sin que hasta el momento haya obtenido respuesta.
– «Intimidación y persecución» –
La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos mencionó en esta misma jornada el caso del activista.
«El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, insta a las autoridades a liberar inmediatamente a todos los detenidos arbitrariamente y a garantizar que se cumplan los estándares de debido proceso y juicio justo», indicó en una declaración su portavoz, Liz Throssell.
«Desde las elecciones del año pasado, defensores de derechos humanos, periodistas y otros percibidos como voces disidentes han sido objeto de intimidación y persecución, limitando el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica», recalcó Throssell.
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Protestas contra la reelección del presidente izquierdista Nicolás Maduro en julio pasado dejaron 28 muertos y al menos 2.400 detenidos. Unos 1.900 han sido excarcelados, en su mayoría con medidas cautelares.
La oposición venezolana denuncia un fraude electoral y reivindica el triunfo de su candidato, el exiliado Edmundo González Urrutia sobre quien recaía una orden de arresto emitida por la justicia venezolana.
El pronunciamiento del Alto Comisionado fue rechazado por el gobierno de Venezuela.
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«Su reciente y tibia declaración evidencia un doble rasero inaceptable: mientras ataca con virulencia a Venezuela, guarda silencio» sobre los más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos a El Salvador, reaccionó la Cancillería venezolana, en alusión a un grupo migrantes a los que el gobierno de Donald Trump acusa de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.
En Venezuela hay 894 detenidos por motivos políticos, de acuerdo con la ONG Foro Penal. Entre ellos activistas de derechos humanos como Rocío San Miguel y Javier Tarazona.
AFP
