Tras la reciente excarcelación, deportación forzada y despojo arbitrario de nacionalidad de 135 personas que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo envió a Guatemala a inicios de septiembre, la Coalición Nicaragua Lucha denunció que todavía existen 36 presos políticos en el país, entre ellos miembros de pueblos indígenas, que no se encuentran en las listas oficiales de detenidos.
Dictadura libera a 135 presos políticos y los envía a Guatemala
Esta coalición, conformada por organizaciones de defensa de los derechos humanos, expresó mediante un comunicado emitido este martes 24 de septiembre, que en el último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la actualización oral del Grupo de Expertos en Derechos Humanos presentado en este mismo mes, se señala que “la desaparición forzada es un acto que ultraja la dignidad humana y viola gravemente derechos fundamentales como la libertad, la seguridad, y el derecho a la vida”.
También indicaron que la oficina del Alto Comisionado documentó al menos dos desapariciones forzadas; la del diputado y líder del partido indígena Yatama, Brooklyn Rivera, detenido por el régimen en septiembre de 2023 y la periodista Fabiola Tercero, desaparecida desde julio de 2024 y de quienes el gobierno de Ortega no da cuentas de su paradero.
En ese sentido, el más reciente informe de Naciones Unidas destaca que la situación de los derechos humanos en Nicaragua ha seguido deteriorándose gravemente.
“El Gobierno ha ampliado e intensificado progresivamente la persecución de los opositores al Gobierno o de quienes son percibidos como voces disidentes en el país. El espacio cívico sigue gravemente erosionado y, en un contexto de sistemáticas denuncias de represión, el ejercicio de los derechos civiles y políticos es cada vez más difícil”, resalta el informe de la ONU.
La Coalición Nicaragua Lucha informó dentro de su comunicado que son al menos 300 personas a las que el régimen despojó de su nacionalidad y unas 160 que no pueden volver a Nicaragua, en condición de apatridias de facto.
Prácticas de tortura
Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH documentó prácticas contrarias a la dignidad humana y a los principios más básicos de los derechos humanos, como “la ablación y el estrangulamiento de testículos, y la separación total de mujeres de sus hijos lactantes, sin siquiera la posibilidad de visitas periódicas”.
La coalición denunció que como una estrategia de control absoluto sobre el territorio y la vida de los nicaragüenses, las desapariciones forzadas se incrementaron reproduciendo las violaciones a los derechos de las víctimas y sus familias.
También afirmaron que durante la presentación del Informe Oral del Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua, se confirma lo denunciado por organizaciones nicaragüenses sobre el alcance transfronterizo de la persecución que el régimen mantiene en contra de personas defensoras de derechos y familiares de opositores o personas percibidas como opositoras.
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