Ortega da dinero a Comisión del Canal Interoceánico y surgen más dudas sobre transparencia

La Comisión del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua recibirá  7 millones 603 mil  córdobas en el 2020.

Según la exposición de motivos del Presupuesto General de la República del próximo año, ese dinero será destinado para la operación de la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, con el objetivo de pagar sus gastos administrativos y de personal.

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De acuerdo al economista y abogado Luis Núñez, este es uno de los «grandes enigmas del presupuesto» desde el año 2014.

-«La ley (del canal), se aprueba en 2013, al inicio hubo una partida de la presidencia, ya después se han venido asignando montos de 7 millones, suben o bajan, pero es estable» afirmó Núñez.

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Núñez cuestionó que se le está dando dinero a una oficina que «no hace absolutamente nada» y dice que ni siquiera se han hecho trabajos de mercadeo para atraer inversionistas, o algo que justifique esa abultada partida presupuestaria.

«Gastos administrativos para mantener a un grupo de gente, bueno, es demasiado, no hay honestamente alguna justificación técnica al menos, o que presenten los números, tal vez convencen a la opinión pública» retó Núñez.

⁉ ¿Para qué se han asignado 7 millones de córdobas cada año desde el 2014 a la Comisión del Canal Interoceánico si nunca funcionó? Se pregunta el economista Luis Núñez- "Deben rendir cuentas auditadas", asegura #nicaraguainvestiga pic.twitter.com/KJ8dpmv4fr

— Nicaragua Investiga (@nicaraguainvest) October 22, 2019

Desde 2014 hasta la fecha, se han asignado más de 33 millones de córdobas del Presupuesto de la República para sostener a esa entidad. Nunca se ha rendido cuentas de qué se ha hecho con él, y tampoco se sabe a ciencia cierta para qué sigue existiendo, tomando en cuenta que el plazo establecido en la Ley de Concesión para que la empresa HKND iniciara operaciones, se venció en junio de este año.

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Wang Jing, el empresario chino que supuestamente desarrollaría «El Gran Canal», tampoco se ha pronunciado sobre el proyecto y por ahora está suspendido por tiempo indefinido.

«Podemos imaginar lo peor»

El Movimiento Campesino ha sido el más crítico y el que más ha confrontado a Ortega para oponerse a este proyecto. Uno de sus representantes, Medardo Mairena aseguró a Nicaragua Investiga que dado que no hay razón para que esta Comisión siga existiendo ante el vencimiento de la Ley que le dio origen, no les queda más que «imaginarse lo peor».

«Podemos creer que se van de farra, que se van a chuparse la sangre del pueblo (…) es como una malversación de fondos», dijo el líder campesino.

Mairena calificó como «irrisorio» que el Presupuesto del 2020 golpeado por la crisis económica asigne este monto a esta Comisión, y consideró que esta partida debería ser invertida en las zonas rurales, donde según dice, hay muchas necesidades principalmente, en inversión en escuelas y caminos.

El líder campesino aseguró que en la franja canalera donde ellos tienen presencia, «no se ha hecho ni una sola obra de remoción de tierra», o algo mínimo que pueda justificar algún gasto. «Exigimos una explicación sobre el destino de ese dinero», finalizó.

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Ortega aferrado al canal

En la ley se estimó que la obra tendría un costo total de alrededor de cincuenta mil millones de dólares.

Ortega dijo en agosto pasado que  no han renunciado a este proyecto, «al contrario, tenemos, históricamente, el compromiso de que se haga una realidad el canal por Nicaragua”, dijo Ortega, sin embargo, no mencionó cómo y cuándo se ejecutará la obra y menos aún sobre cómo resolverá el problema legal que representa el vencimiento del plazo que la misma ley estableció.

En un reportaje especial publicado por Nicaragua Investiga en junio pasado, la ambientalista y representante del Grupo Cocibolca Mónica López Baltodano, aseguró que como organización hicieron estudios para tratar de identificar los intereses ocultos tras este proyecto y los resultados fueron sospechosos.

«Identificamos más de 18 sociedades mercantiles registradas en distintos paraísos fiscales, estaban registradas en las Islas Caimán, en Holanda, Hong Kong, en Nicaragua, y finalmente la concesionaria que controlaba todo en Beijing, es decir en China Continental», aseguró López.

Para ella este es «un esquema muy potable para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas».