La protesta social debería ser considerada un derecho democrático en Latinoamérica, donde es frecuente el abuso de la fuerza policial para acallar el descontento social, en un «círculo vicioso» que sólo acentúa la violencia, afirman expertos de la región.
«La policía en general no considera la protesta como un derecho democrático, sino como algo a ser combatido. Cuando la protesta social lesiona otros derechos, es preciso equilibrar esos derechos y eventualmente es posible llegar a usar la fuerza, pero eso debe hacerse desde la perspectiva de que la protesta tiene que ser protegida y no combatida», dijo el especialista en seguridad pública Ignacio Cano en un panel este jueves auspiciado por el Instituto de Paz de Estados Unidos.
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Cano, con amplia experiencia analizando el uso de la fuerza en Brasil y la región, insistió en que esta perspectiva de que un ciudadano descontento tiene derecho a expresar su inconformidad, «desgraciadamente, es muy rara en la región».
Investigadores, exfuncionarios y activistas de derechos humanos analizaron durante el encuentro diferentes ejemplos de protestas contra la corrupción y la injusticia social y la severa represión policial como respuesta, con énfasis en Chile, Colombia y Perú, este último con más de 60 muertes en los recientes disturbios contra el nuevo gobierno de Dina Boluarte.
De acuerdo a Cano, la policía responde a dos paradigmas: preservar el gobierno y defender los derechos sociales.
«América Latina está en una lenta transición del primer modelo al segundo», advirtió. «Es muy común, por ejemplo, que la agresividad de algunos manifestantes sirva como disculpa para acabar como la protesta en su conjunto, como sucedió en Brasil en el año 2013 (…) Esta represión indiscriminada muchas veces lo que hace es acentuar la protesta y acabar dando lugar a un círculo vicioso», agregó el doctor en Sociología.
Racismo y sesgo político
Incluso en países donde la protesta social está protegida legalmente, como en Colombia, todavía existen normas que la dificultan, explicó la activista Angie Fernández, miembro de la oenegé defensora de derechos humanos Equitas.
Fernández también llamó la atención sobre el racismo que permea en muchos casos la respuesta a las protestas.
«La violencia policial ha sido racista», declaró la investigadora, quien recordó cómo en Colombia cuerpos especiales de la policía han intervenido con especial fuerza en barrios donde tradicionalmente habitan comunidades afroindígenas.
Ignacio Cano por su parte dijo que «el sesgo racial en el trabajo de la policía también sucede en Brasil», y señaló el sesgo político en la respuesta a las protestas en ese país en 2021.
«Los manifestantes de extrema derecha eran tratados con extremo cuidado por la policía, con negociación, sin intervención violenta, mientras que los manifestantes de izquierda eran tratados con bastante violencia», dijo Cano, quien advirtió que en esta «época de insatisfacción general» y el resurgimiento de la extrema derecha, es crucial monitorear la respuesta policial.
Mecanismos de control y responsabilidad
El excongresista de Perú y exministro del Interior, Gino Acosta, recordó que «la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha recomendado en el Perú la adopción de un enfoque intercultural en el manejo de la protesta social».
Según Acosta, la violencia policial se ha apreciado principalmente en el interior del país, sobretodo en el sur, un territorio predominantemente indígena.
«En este caso, la represión fue acompañada de un discurso de simpatizante y descalificador de los manifestantes», precisó.
Acosta llamó la atención hacia la «creciente impunidad de la actuación policial» y el deterioro de la democracia en su país, que ha vivido sus últimas tres décadas bandeando un inestable panorama político interno.
«Son muy pocas las investigaciones llevadas a cabo frente a la represión violenta» en Perú, afirmó.
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En esto coincide Angie Fernández, quien mencionó los pocos controles sobre la fuerza pública en los escenarios de las protestas y después de ella. Estos mecanismos de rendición de cuenta «existen, pero son menores y en la mayoría de los casos, tardíos».
«Hay procesos que pueden durar hasta 10 años en investigación, sin concluir con una sanción efectiva. Algunos procesos no se inician, otros se inician en justicia penal militar, entonces el acceso a las víctimas del proceso es mínimo», señaló.
La policía y su comportamiento en las protestas, «tiene que guiarse por protocolos técnicos y no tanto por intervenciones políticas», enfatizó Cano, y agregó que se necesita un «incremento de los mecanismos de supervisión y de control, tanto interno como externo, de la actuación policial».
«Sin esos mecanismos seguiremos siendo testigos de abusos y de lesiones y muertes provocadas por la policía en su actuación contra las protestas sociales en la región». concluyó.
Nicaragua Investiga
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