La dictadura Ortega-Murillo quedó al descubierto una vez más sobre el nivel de ataque y ensañamiento contra la Iglesia católica de Nicaragua. A los religiosos se les han confiscado 19 propiedades y han recibido más de 100 ataques por sandinistas.

Como parte de las medidas represivas del régimen, 24 medios de comunicación, cuatro universidades, dos institutos y 44 organizaciones sin fines de lucro de la Iglesia católica han sido cerrados desde abril de 2018 hasta diciembre de 2024, revela la VI entrega del estudio, “Nicaragua: ¿Una iglesia perseguida?”, de la abogada Martha Patricia Molina. 

En agosto de 2024 se publicó la V entrega del estudio y se documentaron 870 agresiones en contra de la Iglesia católica. En esta edición se registraron 971 ataques.

Liberan bajo amenazas a opositores detenidos en noviembre pasado

Las hostilidades recibidas en 2023 fueron de 321 y fue el año considerado como “catastrófico”. En 2024, se registraron 177 agresiones, pero la disminución se debe a “que los religiosos ya no denunciaron todos los atropellos que recibieron por el miedo que ha implantado la dictadura”.

“Estos datos confirman que la dictadura en Nicaragua ha llegado a su límite de desenfreno racional, lo cual se traduce en una entidad con poder político sin saber qué hacer con él mismo”, dice el informe. 

La situación hostil en Nicaragua

En Nicaragua, los sacerdotes, periodistas, opositores, defensores de derechos humanos y todo aquel que piensa contrario a la dictadura, se encuentra viviendo en silencio hostigamiento y vigilancia policial extrema. 

Las personas son sometidas a interrogatorios en sus casas y preguntan cuántas personas viven, los nombres y la información de donde trabajan o estudian. Se tienen que tomar fotografías y enviarlas junto a un reporte al oficial encargado de hostigar.

Relatos de torturas a religiosos: “Le dije que me pegara un tiro, que yo no aguantaba”

Entre 2018 y diciembre de 2024, al menos 266 católicos han dejado su misión pastoral en el país debido a la crítica situación. Según el documento, 167 son sacerdotes y 199 son monjas. “Una de las técnicas de represión utilizada por la dictadura Ortega-Murillo en contra de los religiosos, es obligarlos a no seguir ejerciendo su labor pastoral en Nicaragua”, denuncia el informe.

Además, 11,763 procesiones y actividades religiosas han sido prohibidas por la Policía del régimen desde el año 2019 a diciembre de 2024. Otro dato alarmante es que en los últimos dos años, 127 religiosos han salido al exilio.