La crisis sociopolítica de Nicaragua no ha cesado desde que en 2018 se desataron protestas masivas en contra del gobierno autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sin embargo, el panorama se ha tornado más difícil en 2024 con la aprobación de nuevas leyes y reformas que profundizan el carácter represivo del régimen y fortalecen la dinastía familiar en el poder.
Estas disposiciones—que abarcan reformas constitucionales, reformas a la ley de migración, una nueva ley de control bancario, otra de telecomunicaciones y la prolongación de los mandos en las fuerzas de seguridad—tienen un propósito común: afianzar el control absoluto de Ortega y Murillo sobre la institucionalidad del país.
Los herederos del poder: los hijos de los dictadores en Nicaragua
En este resumen preparado por Nicaragua Investiga, analizamos las cinco disposiciones legislativas y constitucionales más controversiales, aprobadas en el transcurso de 2024, que confirman la voluntad del régimen de intensificar la persecución contra disidentes y, al mismo tiempo, afianzar su propio legado de poder, bajo una lógica dinástica en la que el apellido Ortega-Murillo se impone por encima de las instituciones públicas y la ciudadanía.
1. Reformas constitucionales que blindan el poder
La base de toda la maquinaria política de Daniel Ortega y Rosario Murillo reposa en una serie de reformas constitucionales que abarcan más de cien artículos de la Carta Magna.
Estas modificaciones, inspiradas en modelos autoritarios como Cuba y Venezuela, no solo centralizan el poder en la figura presidencial, sino que también formalizan la co-presidencia de Rosario Murillo, perpetuando la dinastía familiar
Uno de los puntos más polémicos es la creación de la figura de la “copresidencia”, que coloca al vicepresidente—en este caso, Rosario Murillo—en un rol igualitario al del presidente. Antes de esta reforma, la figura de la vicepresidencia asumía funciones de relevo o acompañamiento, pero ahora se consolida como un segundo presidente con las mismas atribuciones ejecutivas.
Esta disposición del artículo 133 de la nueva Constitución a la medida de los dictadores, otorga al binomio Ortega-Murillo el control total de la maquinaria estatal y hace casi inviable un relevo institucional, al diluir cualquier contrapeso interno y reforzar la concentración de poder en el círculo familiar.
Otro aspecto fundamental de las reformas constitucionales es la redefinición de Nicaragua como un “Estado socialista, cristiano y revolucionario”. Detrás de este enunciado oficialista se esconde la intención de perseguir, estigmatizar y reprimir a todo aquel que no se ajuste al discurso del sandinismo gobernante.
Esta declaración otorga un sustento legal para criminalizar la oposición: cualquiera que no concuerde con el proyecto “revolucionario” o que promueva otra ideología puede considerarse un enemigo interno y, por lo tanto, ser objeto de persecución.
Las reformas constitucionales también autorizan el uso directo y sin consulta del Ejército para reprimir conflictos internos. Mediante el artículo 92, Ortega se erige como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y, con el artículo 94, se le faculta a ordenar la intervención militar “para mantener la estabilidad de la República”.
Además, se institucionaliza la figura de la “policía voluntaria”, un cuerpo auxiliar conformado por civiles “afines” al régimen que puede participar en tareas de seguridad pública. Este esquema legaliza, en la práctica, la existencia de grupos paramilitares que ya fueron empleados en 2018 para reprimir manifestaciones civiles.
2. Despojo arbitrario de ciudadanía y fronteras como arma de control
La segunda gran herramienta represiva de 2024 es la reforma a la Ley de Migración y Extranjería. Con esta iniciativa, el régimen “legaliza” prácticas que ya venía ejerciendo de facto como rechazar el ingreso a críticos o extranjeros incómodos, revocar permisos de residencia y expulsar a todo aquel que sea considerado una amenaza para “la soberanía nacional”.
La reforma constitucional—de la mano con la Ley de Migración—incluye la posibilidad de quitar la nacionalidad a quienes el gobierno considere “traidores a la patria”.
Este concepto no es más que la forma en que el régimen califica a los opositores de su régimen para perseguir y despojar de la ciudadanía a periodistas, sacerdotes, defensores de derechos humanos o a cualquier nicaragüense que levante la voz contra las políticas oficiales.
Asimismo, las autoridades migratorias pueden negar la entrada y la permanencia en el país a quien consideren un “riesgo social” o “menoscabe la soberanía”. Las expulsiones se han convertido en una práctica recurrente, afectando incluso a sacerdotes y ciudadanos extranjeros que, en algún momento, han cuestionado las medidas gubernamentales.
La reforma también contempla la posibilidad de otorgar asilo a políticos acusados de corrupción en el extranjero—como ha ocurrido con expresidentes de otras naciones que han encontrado refugio en Nicaragua—mientras se expulsa o niega el ingreso a quienes demanden transparencia y democracia. Este doble rasero, inscrito en la ley, garantiza al régimen la impunidad de sus aliados y el aislamiento de sus críticos.
3. Nueva ley para el control de bancos y vigilancia del dinero de los nicaragüenses
En un país donde las remesas son vitales para la mayoría de la población, Ortega aprobó el jueves 26 de diciembre de 2024 una “Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero” que otorga amplios poderes al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos.
El artículo 24 de esta nueva normativa obliga a toda persona natural o jurídica, sea nacional o extranjera, a proporcionar cualquier dato económico, financiero o estadístico que se le solicite.
Esta medida convierte al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos en órganos con facultades cuasi policíacas, capaces de imponer sanciones y solicitar el apoyo de la fuerza pública en caso de resistencia a estas exigencias.
La vigilancia económica se vuelve así una herramienta más de control. Los ciudadanos y empresas que mantengan una posición crítica podrían enfrentar investigaciones o auditorías arbitrarias, bajo la sospecha de “lavado de dinero” o de “financiar” movimientos opositores.
La ley propone la unificación de la política monetaria y la regulación bancaria bajo un solo órgano directivo, con la justificación de agilizar procesos. Sin embargo, en el contexto de un gobierno autoritario, esto se traduce en una centralización aún mayor, cerrando espacios a la transparencia y dejando a la ciudadanía sin opciones para reclamar posibles abusos.
4. Nueva ley de telecomunicaciones: censura oficial y vigilancia masiva
La cuarta columna represiva se materializa en la “Ley General de Comunicaciones Convergentes”, aprobada el 31 de octubre de 2024. Esta normativa refuerza el control que ejerce el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), la entidad gubernamental que ha cerrado medios independientes desde las protestas de 2018.
El artículo 109 de la ley obliga a los proveedores de servicios de comunicación (telefonía, internet, televisión) a entregar “toda la información requerida”, incluidas coordenadas de ubicación de los usuarios, bajo el argumento de la “regulación y supervisión”.
Esta disposición sitúa a Telcor como un gran hermano con potestad para vigilar los movimientos de quienes se comunican, ya sea por redes sociales o por llamadas telefónicas.
Las empresas que no cumplan con las exigencias de Telcor pueden enfrentar multas que van desde el 0,5% hasta el 2,5% de sus ingresos brutos anuales. Ante semejantes penalizaciones, la mayoría de los proveedores optarán por someterse, incluso cuando estas solicitudes afecten la privacidad de sus clientes.
Además, la ley contempla la posibilidad de recurrir a la Policía Nacional para llevar a cabo inspecciones y asegurarse de que los operadores cumplan con la entrega de datos. Esto consolida la fusión entre la fuerza represiva del Estado y el aparataje legal de censura, al tiempo que intimida a cualquiera que pretenda proteger la confidencialidad de la información.
5. Prolongación de mandos militares y policiales: el control armado asegurado
Por último, Ortega también impulsó reformas para extender el periodo en el cargo de los jefes de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua a seis años, alineándolo con el nuevo periodo presidencial. Estas instituciones han sido señaladas repetidamente de cometer violaciones a los derechos humanos y de reprimir a la ciudadanía.
La modificación al artículo 8 del Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar permite que el comandante en jefe del Ejército sea nombrado por un periodo de seis años y siga en funciones hasta que su sucesor tome posesión.
El general Julio César Avilés, sancionado por Estados Unidos por su complicidad con el régimen, ha permanecido al frente del Ejército desde 2010 y, con esta disposición, podrá extender su mandato hasta 2031.
Jefe del Ejército de Nicaragua permanecerá en el poder hasta 2031
El alineamiento absoluto de la institución armada con Ortega se ha evidenciado en la persistente negativa a desmantelar grupos paramilitares y en la férrea defensa pública que Avilés ha hecho del régimen. Al prolongar su jefatura, se garantiza la continuidad de un Ejército afín, dispuesto a cumplir órdenes represivas sin reparo.
La reforma a la Ley de la Policía Nacional (872) extiende también a seis años el cargo del director general de la Policía, Francisco Díaz, quien también es consuegro del dictador Ortega y leal operador político del régimen.
Esta fuerza, fuertemente cuestionada por su papel violento en las protestas de 2018, recibe además un refuerzo con la nueva “policía voluntaria”, legitimando en el papel a grupos civiles armados que operan como fuerzas de choque al servicio del régimen.
Institucionalización del autoritarismo familiar
La aprobación de estas cinco grandes disposiciones legales constituye un salto cualitativo en la consolidación del régimen Ortega-Murillo. No solo se refuerza el aparato represivo, sino que se sientan las bases legales para aniquilar cualquier forma de oposición.
Bajo la excusa de “defender la soberanía”, las libertades individuales y los derechos fundamentales de los nicaragüenses son pisoteados por el régimen.
El entramado institucional se ha transformado en una estructura de vigilancia y censura, alimentada por la alianza inquebrantable entre el poder político y las fuerzas armadas.
En definitiva, con cada reforma aprobada en 2024, Daniel Ortega y Rosario Murillo reafirman su determinación de gobernar sin límites, cerrando las puertas a cualquier alternativa democrática y sentando las bases de un modelo de perpetuación en el poder cuyas consecuencias—tanto para la vida política como para los derechos humanos de los nicaragüenses—serán profundas y, lamentablemente, duraderas.
Nicaragua Investiga
