Susana López lleva cuatro meses fuera del país. Decidió salir ante la ola de arrestos impulsada por el gobierno de Daniel Ortega a partir de mayo. “Ellos amenazan cuando hacen sus programas de que todos vamos a pagar, todos los que hemos denunciado”, explica esta madre que lleva tres años pidiendo justicia por el asesinato de su hijo Gerald Vásquez.
Gerald había cumplido 20 años unas semanas antes de que balas paramilitares lo alcanzaran mientras se resguardaba junto a un grupo de estudiantes, profesores y médicos en la iglesia Divina Misericordia, ubicada junto a la UNAN Managua. Su muerte ocurrió el 14 de julio de 2018, un día después del inicio de aquella operación dantesca que dio la vuelta al mundo.
Empiezan a llegar «acompañantes electorales» de Ortega
Registrado en videos y fotos, el operativo sandinista permitió a organismos internacionales y a grupos de investigación como Bellingcat comprobar que los civiles progobierno usaban armamento de guerra contra los estudiantes que desde hace varios meses se habían tomado el recinto universitario en reclamo por la reforma al seguro social y las agresiones contra jóvenes que protestaron por eso en diferentes partes del país.
Susana junto a otras madres y familiares de víctimas decidieron rescatar la memoria de quienes no sobrevivieron a aquellos fatídicos eventos que estremecieron al país desde sus cimientos.
“No íbamos a permitir que el gobierno manchara los nombres de nuestros hijos”, dice esta determinada madre.
Las motivaron los argumentos del gobierno que ha acusado a los manifestantes de “vándalos y delincuentes” y que aseguró que “no eran estudiantes”.
“En medio del dolor y la tristeza nosotras nos organizamos y dijimos al gobierno; no nos callarán”, relata Susana López, que ahora forma parte del colectivo social Madres de Abril, un espacio donde madres, hijos, padres y hermanos se ofrecen apoyo emocional y se acompañan decididamente en busca de justicia por los que fueron asesinados por la violenta respuesta estatal de aquel año sombrío.
Los rostros de una profunda herida social
En la sala de exposición los rostros pintados en acuarela de los 46 expresidentes que ha tenido Costa Rica parecen estar mirando las fotografías de las víctimas. Es la imagen de una democracia que contrasta con la realidad de un país que aún no encuentra su rumbo.
Una música triste toca de fondo y hace revivir el sentimiento de dolor e impotencia que conmocionó al país en aquel año histórico.
Son fotos que invitan a la reflexión; una pequeña niña sostiene junto a su mamá y a su abuela la foto de su padre asesinado, a su derecha; una madre carga un retrato gigante de su hijo muerto por una “bala perdida” mientras regresaba del trabajo, más al fondo un padre; lisiado de guerra luego de haber servido al ejército sandinista en los años 80 muestra la foto de su hijo muerto de un disparo certero de la policía. ¿Qué pasó ese 2018? ¿Cuántas historias que no conocimos o que apenas alcanzamos a escuchar se diluyen en la memoria y entre el agitado nacer de nuevas injusticias?
“Los nombres de las víctimas jamás se informaron por el gobierno, fueron nombrados por los medios de comunicación”, dijo con la voz quebrada el periodista Carlos Fernando Chamorro, que contó ante una impávida audiencia extranjera cómo ocurrió la masacre de ese año y cómo la cadena de acontecimientos ha pasado por la censura y confiscación a medios de comunicación, el arresto de personajes de “todos los espectros de la sociedad nicaragüense” y el exilio forzado para miles que como él, lograron huir de un inminente arresto.
“La justicia es un derecho irrenunciable”, asegura con determinación. Deja claro que no sabe cómo ni cuándo terminará la crisis, pero está convencido que vendrán días mejores para el país. De momento, asegura que mantener vigentes a las víctimas y las demandas de justicia y libertad es indispensable.
Tras las palabras de Carlos Fernando Chamorro, otra voz en el exilio se alzó en notas agudas y dolorosas. Luis Enrique Mejía Godoy, una guitarra y un abismo de sentimientos en la letra de “Nicaragua, Nicaragüita” conmocionaron al público. Propios y extraños lloraron sumergidos en la promesa de esa canción que se volvió un himno para la diáspora nicaragüense que espera ansiosa la hora de volver:
“Pero ahora que serás libre Nicaragüita, yo te querré mucho más”, dice la versión modificada del destacado cantautor. Una modificación que regala a la esperanza de que el país pronto tendrá una nueva libertad que contar.
Museo de la memoria se vuelve itinerante
El Museo de la Memoria fue abierto al público en Nicaragua en octubre de 2019, en una sala que puso a disposición la Universidad Centroamericana (UCA), pero luego de un tiempo fue cerrado por la represión e inseguridad.
Sin embargo, esto no detuvo el espíritu de justicia de la Asociación Madres de Abril. Hoy, exhiben el museo en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, país que ha abierto sus puertas a más de 80 mil exiliados que huyeron a raíz de la crisis sociopolítica.
“Estamos trabajando (esta exposición) en conjunto con una campaña que se llama Sé humano, por la liberación de los presos y presas políticas”, dice Emilia Yang, Directora del Museo de la Memoria.
Las fotos de los rehenes electorales de Daniel Ortega como Violeta Granera, José Pallais y Támara Dávila también ocupan un espacio en esta sala que permite conocer las heridas de un país roto.
La diputada costarricense Carolina Hidalgo, ayudó a gestionar la exhibición en la sala de expresidentes de la Asamblea Legislativa.
“Costa Rica está sensibilizada con la situación nicaragüense”, asegura la legisladora, quien deja claro que desde el congreso de su país se busca con esta exposición hacer “un posicionamiento político a favor de la justicia y la liberación de todas aquellas personas presas políticas”.
La exposición estará disponible de 9 de la mañana a 6 de la tarde hasta el próximo 11 de noviembre. Los organizadores invitan a los exiliados nicaragüenses en Costa Rica y público en general a asistir para conocer la realidad de Nicaragua.
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