Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) decidió liberar provisionalmente a 464 personas sospechosas de haber participado en la violenta asonada en Brasilia, en tanto que otras 942 permanecerán detenidas, informó el despacho este viernes.
El juez Alexandre de Moraes concluyó el análisis de 1.406 casos de las personas sospechosas de estar involucradas en la invasión y saqueo de las sedes de los poderes públicos, explicó el STF en un comunicado.
Más de 2.000 personas han sido detenidas desde el 8 de enero, cuando miles de seguidores del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro asaltaron la Presidencia, el Congreso Nacional y la Corte Suprema. Destruyeron mobiliario, obras de arte invaluables y parte de la infraestructura.
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El asalto se produjo una semana después de la llegada al poder del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien derrotó a Bolsonaro en las presidenciales de octubre por un estrecho margen de 1,8%.
En los días posteriores a la asonada, la justicia determinó que por motivos humanitarios fuesen liberados casos especiales como ancianos, embarazadas y madres de hijos pequeños, entre otros, para responder en libertad.
Moraes decretó la prisión preventiva de 942 personas bajo el argumento de que hay evidencias de que los detenidos participaron en actos de «terrorismo», asociación criminal, abolición violenta del estado de derecho y golpe de Estado.
Para el juez, los detenidos podrían haber incurrido en conductas «ilícitas y gravísimas», y la prisión preventiva, que es indeterminada, es necesaria para «garantizar el orden público y garantizar la efectividad de las investigaciones».
Moraes falló por la liberación provisoria de otros 464 detenidos bajo condiciones como el uso de una tobillera electrónica monitoreada por las autoridades y la prohibición de uso de las redes sociales.
En estos casos, Moraes indicó que, aunque haya fuertes indicios de autoría y participación en delitos, especialmente en el intento de deponer a un gobierno legalmente constituido, hasta el momento no fueron recolectadas las pruebas necesarias.
Las 1.459 audiencias relativas a los 1.406 casos fueron realizadas entre el 8 y el 17 de enero, dijo la corte.
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Bolsonaro, quien viajó a Estados Unidos dos días antes de terminar su mandato y de la transmisión de mando, está siendo investigado por las autoridades brasileñas bajo sospecha de instigar el ataque.
El exmandatario, quien durante años sembró dudas sobre la transparencia de las urnas y es objeto de 16 investigaciones por irregularidades electorales, rechaza los señalamientos.
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