Penitenciarios del régimen de Daniel Ortega con resultados de “una escuela del crimen”

Dicen que cuenta con un plan para prevenir el ingreso de drogas; con programas de educación en valores y respeto; amplios cursos técnicos en manualidades y varias sesiones de zumba; además de una recién inaugurada clínica odontológica. El recuento parece ser de un sistema penitenciario de primer mundo.

Otro dato: se han realizado 102,578 actividades de sol entre ellos, conversatorios educativos en los últimos meses. Leído así, el Sistema Penitenciario Nacional del país debería ser motivo de envidia en la región. “Pero ahora todo eso solo están en papeles, nada de eso existe”, dice una fuente de un penal. Al contrario, otras voces agregan que los centros penales del país, violan varios artículos de la Ley del Régimen Penitenciario y de la Ley de Ejecución de la Pena.

Una investigación hecha para este reporte, señala que desde el año 2018 se clausuraron los pocos espacios y programas no estatales que intervenían en el tratamiento reeducativo y resocializador de las y los presos en Nicaragua. La integración a actividades artísticas, religiosas, deportivas y demás ahora está a la completa voluntad de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, en manos del Ministerio de Gobernación, una entidad controlada por el Ejecutivo de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

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«Eugenio«, a quien llamaremos así por su seguridad, es un comunicador que trabajó con organizaciones que visitaban las cárceles. Recuerda que como parte del modelo de reinserción social en todo el territorio, estudiantes de los últimos años de diversas carreras universitarias realizaban hasta octubre de 2018 algunos voluntariados en las cárceles de Tipitapa, Bluefields, Chinandega, Estelí, Matagalpa, León y Juigalpa.

Entonces, la administración sandinista registraba una población penitenciaria total de 20,918 personas (incluidos los detenidos en prisión preventiva), una tasa de 332 ciudadanos en prisión por cada 100,000 habitantes de la población nacional.

«Actividades vocacionales, cursos de historia o matemática, e incluso de lengua y literatura. La voluntad de muchos antes de la crisis de 2018 era aportar a través de programas como el del Centro Pastoral Universitario de la Universidad Centroamericana (UCA), o de la Cruz Roja Internacional», relata Eugenio. Ahora todos los programas de educación, charlas psicológicas y capacitaciones son diseñadas y manejadas por el Ministerio de Gobernación.

«Todos esos proyectos fueron cortados por la administración sandinista porque ya no existe la confianza de que otros entes ingresen a las cárceles del país, ya que temen que se documenten las violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas en el sistema carcelario. Luego de la Policía, Asamblea Nacional y el Poder Judicial, el Sistema Penitenciario es una pieza clave dentro del aparataje oficialista», manifiesta una fuente ligada al cuerpo armado y el Ministerio de Gobernación, quien solicitó «completo» anonimato para responder a los cuestionamientos.

Hacinamiento y otras violaciones a los D.D.H.H

Durante los últimos años, organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación independiente y entidades como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), han denunciado hacinamientos en varias prisiones, órdenes de liberación no efectuadas, violaciones de derechos humanos y constitucionales que se pierden tras la condena y excarcelamientos de reos comunes sin justificaciones razonables.

«La actividad penitenciaria se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad de la persona y el respeto a los derechos humanos. En ningún caso, los internos serán sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes», señala el Artículo 05 de la Ley N° 473, Ley del Régimen Penitenciario de Nicaragua.

«Está claro que ahora en las cárceles no se respeta este principio, y tampoco el Artículo 06 o el 104», señala la fuente estatal. Este último acápite, cita que «el cumplimiento del objetivo de la ejecución de la pena y rehabilitación social del interno se sustenta en el sistema progresivo en sus diferentes fases».

Para «Alexandra«, una psicóloga y defensora de derechos humanos consultada para este y otros reportes, en el caso de Nicaragua -al igual que en Honduras, El Salvador y Guatemala- es necesaria una reforma profunda y una actualización de dichas fases de rehabilitación, «que pase por un análisis del recurso humano, y las condiciones dentro y fuera de las prisiones», hasta finalizar en un nuevo modelo administrativo «que vea algo más que el crimen que la persona cometió».

Como parte del Plan «Mi Vida Sin Drogas, Paz y Porvenir», el Sistema Penitenciario Nacional intenta erradicar el consumo y venta de estupefacientes en la población carcelaria. «Pero el tejido social y las instituciones nicaragüenses están tan dañadas, que ni siquiera se toma en cuenta la psicología jurídica en los procesos que aún quedan en pie», expone la especialista.

Si bien es cierto, la prisión por sí sola puede generar un efecto disuasivo. No obstante, la labor estatal no debe centrarse solamente en la parte punitiva. «En estas situaciones no solo se puede ver un elemento», comenta la psicóloga, quien también subraya la importancia del uso de estándares internacionales en la liberación anticipada de reos comunes y en los procesos de libertad condicional o convivencia familiar. «La no reincidencia dependerá mucho de ese trabajo previo al excarcelamiento», agrega.

Entre 2014 y 2022, la administración Ortega-Murillo sacó de prisión a 38,540 prisioneros. Muchos han vuelto a delinquir.

No obstante, en el caso de las liberaciones antes del cumplimiento total de la condena, se desconoce los patrones y normas que la justicia nicaragüense toma a consideración desde hace varios años.

Entre 2014 y 2022, la administración Ortega-Murillo sacó de prisión a 38,540 prisioneros, para un promedio anual de 4,282 órdenes de libertad condicional decretadas directamente por el Ejecutivo, según datos oficiales. Sin embargo, desde el año 2000, la población carcelaria ha ido en aumento.

«Las prerrogativas dentro de las cárceles son decisiones a voluntad de la dirección de los penales. No son tomadas en base a conocimiento científico porque no existe el interés genuino de disminuir la violencia, los delitos y la reincidencia en Nicaragua», señala la fuente del Ministerio de Gobernación.

Menos efectos positivos en la sociedad

El aumento de la violencia ciudadana en todo el territorio; robos, estafas, agresiones, violaciones y homicidios -muchos de esos delitos cometidos por personas liberadas en los últimos meses- podría ser uno de los efectos del modelo ineficiente desarrollado en Nicaragua.

Según datos verificados, al menos cuatro crímenes graves (incluyendo un femicidio) fueron cometidos en lo que va de 2023 por una persona excarcelada en los últimos meses por orden presidencial. «Es necesario luchar contra el estigma que cargan las personas condenadas por un delito. Otra muestra de la necesidad de reestructurar estos procesos y el tejido social», plantea Alexandra.

Y aunque los planes, espacios y programas que intervienen en el tratamiento reeducativo y resocializador de las y los privados de libertad se desconocen a ciencia cierta, es evidente el aumento de los privilegios y actividades rutinarias dentro de las cárceles en Nicaragua para los rehenes comunes.

En lo que va de 2023, se han reportado: 58,058 visitas ordinarias, conyugales y especiales; 16,136 llamadas telefónicas; 38,472 atenciones médicas especializadas; 9,903 presos integrados en el trabajo penitenciario; 42,496 presos en actividades deportivas y culturales; 2,262 diligencias judiciales y médicas; 9,169 pases de paquetes; 253 servidores públicos en capacitación; 4,323 actividades de compras (no detalladas); 12,670 detenidos en programas de educación (no especificados); 5,081 entrevistas con presos; 553 entrevistas con familiares de detenidos; 24 charlas psicológicas; y 98 requisas.

El último diagnóstico público de las cárceles en Nicaragua fue realizado por el entonces Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) en 1996. En aquel tiempo, como parte del esquema de justicia, se entendía al sector penitenciario como el último «eslabón del sistema penal».

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«Por él entendemos a aquel conjunto de normas, instituciones y procesos destinados a la ejecución de las sanciones, impuestas por la autoridad competente contra las personas que, después de un debido proceso, son declaradas culpables de la comisión de un delito”, explica el informe.

«De esta forma, el sector carcelario constituye una encrucijada de gran importancia entre el sistema de justicia penal y la protección ciudadana. Mal orientado o mal dotado, seguirá siendo una ‘escuela del crimen’, y los detenidos que hayan purgado su pena constituirán una importante amenaza para la sociedad. Estando, en cambio, centrado en la rehabilitación exitosa del recluso, la comunidad quedará protegida ante el peligro”, agrega.

«La labor de las cárceles ya no es reformar. Es un reto que esta administración no ha resuelto», señala la fuente estatal consultada para este texto.