Familiares de las víctimas del régimen visitan a escondidas sus tumbas en Estelí

Familiares de siete manifestantes asesinados en Estelí durante las manifestaciones de abril de 2018, visitaron las tumbas de sus finados a escondidas y las enfloraron de forma anticipada, para evitar la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Las “visitas secretas y anticipadas”, según dijeron algunos de los familiares, se debe a que cada vez que se acerca la conmemoración del levantamiento social del 2018, se activan las fuerzas y aparatos de inteligencia de los grupos paramilitares, patrullas de agentes policiales y hasta los mismos fanáticos orteguistas para reprimir y perseguir a quienes se atrevan a visitar las tumbas de los caídos.

Otros familiares prefieren no visitar a sus deudos por estos días, llegan después. “Lo importante es recordarlos”, dice un pariente. En Estelí, además de estas siete tumbas de víctimas de antes del 20 de abril, hay dos que albergan los restos de jóvenes que fueron asesinados después de abril, durante las operaciones de limpieza en junio y julio, en esta ciudad.

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Los restos de otros jóvenes, descansan en camposantos como los ubicados en el municipio madricense de San Juan del Río Coco, de donde eran originarias las víctimas. “Son días peligrosos para ir al cementerio”, dijeron sus parientes.

El levantamiento en Estelí

La ciudad de Estelí también fue escenario del levantamiento social, igual que en todo el país. Unos nueve jóvenes, fueron asesinados por paramilitares, empleados y funcionarios del Estado y de la Alcaldía, con la complicidad de miembros de la Policía. En este municipio, como en otra ciudad, la gente recuerda que comandos adiestrados como soldados, atacaron a gente desarmada. Al menos tres de los asesinados, murieron por certeros disparos salidos de la comuna donde según varios testigos, estaban los francotiradores.

Entre los primeros caídos el 20 de abril del 2018, se cuenta a Franco Valdivia Machado, de unos 24 años, estudiante universitario en ese entonces de derecho, y Orlando Francisco Pérez Corrales, de 23 años, estudiante del último año de la carrera de Ingeniería de Energía Renovable. También falleció, días después, por heridas de bala disparadas desde la alcaldía esteliana, César Noé Castillo Castillo.

Según testigos, los tres jóvenes que murieron atacados a balazos en el parque central de la ciudad de Estelí, habrían sido alcanzados por disparos que se hicieron desde el techo de la alcaldía de Estelí, que era administrada por Francisco Valenzuela, Secretario Político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en este departamento.

El 30 de mayo del 2018, en consonancia con lo que estaba ocurriendo en el resto del país, fueron asesinados cuatro jóvenes más, entre ellos: Dodani Castilblanco, un chavalo, de 19 años, que laboraba para un taller de mecánica y era originario del municipio de San Juan del Río Coco, en Madriz, y una persona que era vecino de Pedrito “El Hondureño”, quien actualmente lidera uno de los dos grupos de paramilitares que operan abiertamente en la ciudad de Estelí.

Este grupo de Pedrito “El Hondureño”, tiene su comando de operaciones a un lado de las oficinas del Ministerio de Gobernación.

El joven abatido por su propio padre

Otro de los asesinados, es Alberto Obregón Cruz, un joven que militaba en ese entonces en la Juventud Sandinista 19 de Julio, pero al ver caer muerto a su mejor amigo, se integró a las marchas Azul y Blanco. Se dice que Obregón Cruz, fue abatido por su propio padre, Reynaldo José Obregón, de 57 años de edad por entonces, un conocido militar en los años ochenta y que operó como paramilitar en el contexto de la rebelión de hace cinco años.

Este es un mes amargo para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se respira el miedo que le tiene a un nuevo levantamiento, por lo que ha aumentado la represión en las calles.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, unos 355 personas fueron asesinadas con el uso de armas de fuego de policías y fanáticos armados. El grupo de expertos de las Naciones Unidas que investiga esos hechos, han emitido en marzo sus primeros resultados, en el que señala que Ortega, Murillo y sus funcionarios, cometieron crímenes de lesa humanidad contra los opositores.