Esta tarde la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica emitirá su sentencia en relación con la demanda que en el año 2014 interpuso el pueblo Rama y Kriol, así como las comunidades de Monkey Point y Negra Creole de Bluefields en contra del Estado de Nicaragua por la implementación del proyecto del Gran Canal Interoceánico.
En 2013 el régimen de Daniel Ortega aprobó la Ley 800 y 840, para la construcción del Gran Canal Interoceánico y varios subproyectos y adjudicó por 100 años los derechos al empresario chino Wang Jing.
Las comunidades demandantes denunciaron que se concedieron 263 kilómetros de sus territorios sin consultas previas representando esto graves afectaciones al medio ambiente y despojando a estas comunidades de sus derechos ancestrales.
Comunicado de nuestro Consejo Nacional ante la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el día de hoy, sobre el caso del Canal Interoceánico – “Pueblos Rama y Kriol vs. Nicaragua”… pic.twitter.com/epq70J6RQX
— Movimiento Campesino de Nicaragua (@de_campesino) November 18, 2024
Aunque la concesión otorgada a Wang Jing por medio de la Ley 840 fue derogada este año, la ley 800 sigue vigente, la cual mantiene en pie la idea del Gran Canal para que este pueda concesionarse a otro inversionista, como de hecho el régimen anunció que lo hará en el futuro.
«Que sea una lección»
En un comunicado de prensa el Movimiento Campesino aseguró que esta resolución «marcará el futuro de nuestras luchas y derechos».
«Nos oponemos a la imposición de megaproyectos que no respeten los derechos humanos ni los derechos colectivos de nuestras comunidades», dice el Movimiento Campesino que también deja claro que «este canal no solamente amenazó nuestras tierras, hogares o modos de vida, sino también el equilibrio de nuestra tierra madre», indicaron.
El Movimiento Campesino, que por más de una década se ha confrontado con el régimen de Ortega en defensa de su tierra, dice esperar que «esta sentencia sea un verdadero ejemplo de justicia» y que reafirme el respeto a los derecho humanos por encima de los grandes intereses económicos.