El Parlamento nicaragüense, actualmente controlado por el Frente Sandinista, reformó este miércoles la Ley 800, mejor conocida como Ley del Régimen Jurídico de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua.
La reforma acaba con la concesión otorgada al oscuro empresario chino, Wang Jing.
El faraónico proyecto con Wang Jing, se suponía, iba a ser el mayor proyecto de infraestructura de los últimos tiempos.
Ortega le promete por enésima vez a sus fanáticos un canal interoceánico
En concreto, el artículo segundo de la reforma, incluye varias derogaciones, como el Artículo 12 de la Ley 800, referida a las funciones de los directores de la Junta Directiva el Gran Canal.
Sin embargo, lo medular de la reforma es la derogación de la Ley Número 840, Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas, la cual fue publicada en La Gaceta, el 14 de junio de 2013.
Igualmente, en el punto tres del Artículo Segundo de la reforma, se deroga Acuerdo Marco de Concesión e Implementación con relación a El Canal de Nicaragua y Proyectos de Desarrollo, publicado en La Gaceta, el 17 de junio del 2013. Es decir, se ha eliminado la concesión a Hong Kong Nicaragua Canal Development Group (HKND), la empresa de Wang Jing encargada del proyecto.
También fue reformado el Artículo 10 de la Ley 800, referente a la Dirección de la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. Ahora el presidente de la Autoridad del Canal será el Ministro de Transporte de Infraestructura, el vicepresidente un delegado del Presidente de la República para la
Costa Caribe; y el secretario será el Asesor para las Inversiones, Comercio y
Cooperación Internacional de la Secretaria de la Presidencia, es decir, Laureano Ortega.
Hay que recordar que el otorgamiento de la concesión estuvo acompañado de protestas de comunidades indígenas y campesinos, brutalmente reprimidos por el régimen de Daniel Ortega.
Del canal, Wang Jing no cavó una sola zanja. Mientras cada año el régimen Ortega destinaba millones de córdobas, vía Presupuesto General de la República, para la Autoridad del Gran Canal de Nicaragua.
Según el régimen, el proyecto conllevaría una inversión de 50 mil millones de dólares en cinco años, duplicaría el Producto Interno Bruto (PIB) del país y generaría miles de empleos.
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