El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH), anunció este lunes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abrió la denuncia que realizó la organización en contra del Estado de Nicaragua por el caso del preso político Fanor Ramos.
La noticia fue anunciada por el CALIDH a través de su cuenta de X.
«El día de hoy la CIDH ha abierto la denuncia interpuesta por CALIDH en contra del Estado criminal por las brutales torturas contra Ramos y los efectos en su familia», se lee en la publicación.
CALIDH aseguró que espera que en este proceso la CIDH declare responsable al Estado nicaragüense por la persecución contra Ramos desde su baja como agente policial en 2010, además de ser encarcelado por negarse a ser paramilitar.
También expusieron la «discapacidad parcial de uno de sus hijos, Fanor Salvador, por un perdigozano en su pierna en las manifestaciones de abril y el exilio de sus hijos, además de Fanor Salvador, Silvia y Santiago, por temor a ser apresados, entre otros hechos graves».
Según CALIDH, desde la semana pasado enviaron al fiscal de la Corte Penal Internacional el expediente de Ramos para dar a conocer la situación de los presos políticos del régimen de Daniel Ortega.
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¿Quién es Fanor Ramos?
Fanor Alejandro Ramos, es un expolicía de 50 años y padre de tres hijos, que laboró durante 25 años en la Policía Nacional de Nicaragua y dado de baja por “falta de idoneidad” en el 2010.
“Fue oficial de brigada especial, profesor de tiro y seguridad, fue jefe de la tercera sección del departamento de tácticas y armas policiales de instrucción de rescate de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), durante su labor policial fue reconocido por su especialidad de francotirador”, detalla un perfil publicado en la plataforma web Nicas Libres Ya.
En 2018 el régimen pretendió reclutar a Ramos para que fuera parte de los grupos de represión durante las protestas de abril de ese mismo año. Ante su negativa “sus antiguos compañeros de institución se encargaron de darle persecución y capturarlo el 19 de diciembre del 2019”. Fue acusado y condenado a “8 años de prisión y una pena accesoria de 34,000 córdobas” por los supuestos delitos de “almacenamiento de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas”.
En noviembre del 2020, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Fanor Ramos y otras 40 personas presas políticas. Según el abogado Danny Ramírez-Ayerdiz, el preso político habría sido torturado “dándole comida en mal estado” y que también fueron informados que “le lanzaban perros para que lo mordieran”.