La Fundación del Río condenó este martes 19 de noviembre sobre la supuesta nueva ruta del fallido proyecto del Canal Interoceánico, que fue anunciada el lunes por la noche por Daniel Ortega y que amenaza una vez más con construirlo pese que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia en que el Estado de Nicaragua violó el derecho internacional por impulsar ese proyecto sin consulta y ahora debe resarcir los daños ocasionados.
“Este nuevo intento no es más que un acto de ilusión que perpetúa las mismas prácticas violatorias que han caracterizado al régimen”, señaló la Fundación del Río en un comunicado y remarcó que la nueva ruta atraviesa comunidades vulnerables y ecosistemas esenciales que están en recuperación como el lago Xolotlán, incluido un lago artificial.
Para la Fundación del Río, el nuevo proyecto es una nueva amenaza directa al ambiente, a la estabilidad social, a la soberanía nacional, carece de fundamentos técnicos, ambientales y económicos que lo hagan viable, “dejando en evidencia que se trata de un instrumentos propagandístico” para distraer de los verdaderos problemas que enfrenta Nicaragua.
El nuevo proyecto establece una ruta de 445 kilómetros de largo —cinco veces más que el Canal de Panamá— y que atraviesa el Lago Cocibolca, el mayor cuerpo de agua dulce de Centroamérica, que, según ambientalistas, generaría graves daños medioambientales como el proyecto anterior.
Sobre la sentencia de la Corte IDH
La Corte IDH consideró en su sentencia que el Estado de Nicaragua es responsable de violar el derecho a los pueblos indígenas, el derecho a las garantías judiciales y la propiedad, el derecho a la consulta previa, libre e informada. Además, se violó el derecho a un medio ambiente sano, la protección judicial y la libertad personal de los líderes comunitarios que fueron objeto de persecución por sus posiciones contrarias al proyecto fallido.
La Corte IDH ordenó al Estado de Nicaragua 15 formas de resarcir los daños, como por ejemplo, abstenerse de retomar las obras sin un proceso de consultas previas a las comunidades afectadas y entregar una compensación económica a varios líderes comunitarios sometidos a persecución y exilio. La respuesta del dictador ante esto fue modificar la ruta y amenazar con iniciar de nuevo con el proyecto.
“Denunciamos que este proyecto (…) viola los principios de sostenibilidad ambiental, al priorizar intereses económicos extranjeros sobre el bienestar del pueblo nicaragüense y su patrimonio natural”, apuntó Fundación del Río, y aprovechó para instar a la comunidad internacional y organismos ambientales de derechos humanos a estar vigilantes y exigir el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH.
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