En Panamá hay más de 800 nicaragüenses esperando ser repatriados a Nicaragua. Ya ingresó al país un primer grupo pero aún continúan en zozobra el resto que permanecen en albergues panameños. La situación para los tantos nicaragüenses varados en Panamá desde hace una semana, cada vez es más dramática. Esperan una señal migratoria incierta cada hora para emprender el viaje, pero no ha sucedido.
Nicaragua, Costa Rica y Panamá llegaron a un acuerdo trinacional días atrás para el retorno en grupos de cien personas, pero el gobierno del presidente Daniel Ortega no ha autorizado la repatriación de los demás. Uno de los acuerdos migratorios es que cada ocho horas iban a salir un grupo, es decir, que 400 nicaragüenses ya estuvieran en Nicaragua, según lo acordado.
Nicaragüenses hacinados en el piso
Un nicaragüense que se encuentra dentro de los albergues panameños confió a Nicaragua Investiga que las condiciones no son apropiadas. Cuenta que el día de sábado se enfilaron debajo de la lluvia para tomar la comida que las autoridades de Panamá les proporcionan. El nicaragüense asegura que el lugar donde está solamente tiene un techo y no hay paredes a los lados. «Es como un salón descubierto completamente», revela.
«El grupo de nosotros es el que está más afectado porque estamos expuestos a cualquier tipo de enfermedad», dice. Pero resalta que dentro de su grupo no ha habido nadie afectado por síntomas relacionados al COVID19.
Otra fuente del lugar dice que cuando llueve es imposible detener el agua y entra en la galera donde están. Relata que algunas personas están durmiendo en cuartos y en camas, pero están muy aglomerados, otras duermen en el piso con una colchoneta.
Violaciones constitucionales
Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), quien ha estado siguiendo de cerca la problemática, asegura que el gobierno de Nicaragua ha vulnerado los derechos constitucionales de los nicaragüenses varados en Panamá.
Dice que Constitución Política los ampara en el artículo 28 donde expresa que «los nicaragüenses que se encuentren en el extranjero gozan del amparo y protección del Estado los que se hacen efectivos por medio de sus representaciones diplomáticas y consulares».
Asimismo, el artículo 31 de Constitución Política establece que los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país. «Ese es un derecho constitucional que el gobierno debe garantizarlo y no lo está haciendo», interpeló Cuevas.
«Es cierto que estamos en época de pandemia, pero que siga procedimiento preventivos de la salud, como por ejemplo, hacerle la prueba de COVID19 a cada nica que entre», sugiere el jurista. Añade que los nicaragüenses han pedido ayuda al embajador que representa a Nicaragua en Panamá y los han tratado mal.
No se ha respetado el criterio de grupos vulnerables
Cuevas asevera que unos de los acuerdos era la prioridad de las madres que están con sus hijos pequeños, mujeres embarazadas, personas de avanzada edad y que tengan enfermedades crónicas. El jurista asegura que el hacinamiento mantiene desesperada a la gente y «los mantienen como preso, no pueden ir a una tienda a comprar algo de alimentos«, dice.
Agrega que las últimas personas que están en la fila ya no alcanzan al plato de comida y esa es la inconformidad de los nicaragüenses. Cuevas sostiene que el primer grupo de nicaragüenses que arribó a Nicaragua no se respetó «el criterio prioridad de grupo vulnerables«.
Detalló que la mayoría de los viajantes eran jóvenes, y que después de suscrito los acuerdos solo mandaron un grupo de 89 nicaragüenses y no ha salido el otro grupo como correspondía en el acuerdo.
Nicaragua no le hace pruebas a los nicaragüenses y no hay medicinas en los albergues
Pablo Cuevas reveló que el pasado sábado estuvieron en Peñas Blancas recibiendo a los primero conciudadanos y a ninguno le hicieron la prueba del COVID19.
«No le exigieron el uso de las mascarillas. No les probaron la temperatura. Simplemente no los dejan entrar«, dijo Cuevas en señalando al gobierno de Ortega.
La fuente del lugar dice que no tienen medicinas y no hay una brigada para atender a las personas de avanzada edad y las que padecen de enfermedades crónicas. Revela que ellos mismos mandan a comprar sus propias medicinas porque la migración de Panamá no les facilita ese recurso.
Penalidad para el que atente contra el Servicio de Migración de Panamá
Las autoridades del Servicio de Migración de Panamá advirtió que toda agrupación de «caravanas» en búsqueda de salida al país será penalizada. «El único procedimiento válido para las salidas de Panamá por razones humanitarias es a través de las respectivas representaciones diplomáticas», se lee en una parte del comunicado.
Esto se da con el fin de «controlar y mitigar la propagación de la pandemia COVID19, medidas que deben cumplirse a cabalidad», según Migración de Panamá. Ahora los nicaragüenses esperan una lista donde puedan llamarlos por su nombre y regresar al país después de permanecer al menos cuatro meses varados en Panamá.
Nicaragua Investiga
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