La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió este jueves 14 de noviembre de 2024, durante su 191° periodo ordinario de sesiones, sobre los graves riesgos que supone continuar proporcionando financiamiento al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sin contar con mecanismos adecuados de supervisión y transparencia.
Durante la audiencia “Nicaragua: apoyo financiero internacional y su impacto en los derechos humanos”, participaron representantes del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos; Diálogo Interamericano, Fundación del Río y Urnas Abiertas, quienes expusieron el papel de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) en la crisis de derechos humanos y democracia en Nicaragua.
El director del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Carlos Quesada, enfatizó la responsabilidad de los organismos financieros de realizar una supervisión más rigurosa de sus fondos.
El directivo del organismo expresó que pesar de la documentación exhaustiva sobre las violaciones de derechos fundamentales en Nicaragua y el cierre del espacio cívico, muchas de las instituciones financieras siguen aprobando proyectos sin contar con mecanismos claros de evaluación sobre su impacto en los derechos humanos y la falta de transparencia del régimen.
“Desde el inicio de la crisis a la fecha, el régimen ha cancelado por motivos políticos a más de 5,200 organizaciones de la sociedad civil de las 7,200 existentes… En Nicaragua, el espacio cívico está completamente cerrado. El miedo a la persecución y criminalización impiden la participación ciudadana de forma colectiva con el acceso a la información pública, la libre difusión de ideas y la manifestación de cualquier forma de oposición política”, enfatizó Quesada.
Entre 2018 y 2024, Nicaragua recibió más de 3,500 millones de dólares de organismos como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El BCIE, en particular, ha sido el mayor proveedor de este financiamiento, con más de 2,000 millones de dólares asignados a proyectos en un contexto de opacidad y falta de rendición de cuentas.
La Comisión subrayó durante la sesión que desde el estallido de la crisis sociopolítica en 2018, el régimen Ortega-Murillo ha intensificado su persecución contra la oposición, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos.
Con un saldo de al menos 355 muertos, más de 2,000 heridos y más de 2,000 detenidos arbitrariamente, la represión ha generado un clima de temor y silenciado las voces disidentes.
La libertad de expresión ha sido severamente restringida, mientras la sociedad civil es desmantelada y la disidencia es perseguida. Por lo que cuestionaron que a pesar de estos abusos, los organismos financieros internacionales han continuado canalizando fondos al régimen.
Urgente necesidad de monitoreo y rendición de cuentas
Por su parte, Marcelo Azambuja, oficial del Programa Legal para América Latina de Raza e Igualdad, señaló que las IFIs apoyan actualmente 88 proyectos en Nicaragua por un valor de más de 4.35 mil millones de dólares, muchos de ellos aprobados tras el estallido de la crisis.
Azambuja detalló que la falta de consulta con comunidades indígenas y afrodescendientes, así como la continuación de proyectos en territorios vulnerables; son claros ejemplos de la inacción de estas instituciones frente a las graves violaciones que se cometen.
En ese sentido, señalaron que el impacto de los proyectos financiados por las IFIs no ha sido solo económico, sino también social y ambiental. Las comunidades indígenas y afrodescendientes, especialmente las de la Costa Caribe, han sufrido el despojo de tierras y recursos naturales debido a la falta de consulta previa y libre.
Además, proyectos que se presentan como «verdes» han contribuido a la deforestación y la pérdida de biodiversidad, exacerbando la pobreza y la vulnerabilidad de las comunidades locales.
Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, manifestó que estos proyectos no solo violan derechos territoriales y culturales, sino que también han aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que agrava aún más el impacto ambiental en la región.
El financiamiento como herramienta de control
Biden ordena vetar préstamos de organismos multilaterales a dictadura Ortega Murillo
El especialista en Migración y Desarrollo, Manuel Orozco, también participó de esta audiencia y analizó el uso que el régimen Ortega-Murillo ha dado al endeudamiento externo.
Según Orozco, la creciente dependencia de los recursos de las IFIs ha permitido al régimen consolidar su control político, mientras la población nicaragüense sufre las consecuencias de un modelo económico dependiente de la deuda externa y cada vez más alejado de las necesidades sociales.
La audiencia concluyó con un contundente llamado a las IFIs para que asuman su responsabilidad en la protección de los derechos humanos en Nicaragua.
Las organizaciones presentes instaron a la comunidad internacional a tomar medidas más eficaces para garantizar que el financiamiento internacional no siga siendo canalizado hacia un régimen autoritario que lo utiliza para perpetuar la represión.
Dictadura de Nicaragua se queja por bloqueo de préstamos en organismos internacionales
Nicaragua Investiga
