La reciente aprobación de la Ley de Protección de los Nicaragüenses ante las Sanciones y Agresiones Externas promovida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo podría desencadenar una crisis en el sistema financiero del país, tras la posible pérdida de sus corresponsalías bancarias.
Las corresponsalías bancarias son acuerdos entre bancos locales y extranjeros que permiten a los primeros acceder a servicios financieros internacionales. Estas relaciones son fundamentales para realizar transacciones como transferencias internacionales, financiamiento del comercio exterior, compras en moneda extranjera y pagos con tarjetas internacionales.
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Por ejemplo, cuando un cliente en Nicaragua realiza una transferencia a otro país, esta pasa por un banco corresponsal que actúa como intermediario para completar la operación. Además, las corresponsalías son esenciales para que los bancos nicaragüenses manejen cuentas en dólares estadounidenses y otras monedas fuertes.
La nueva ley obliga a los bancos a incumplir regulaciones internacionales que prohíben vínculos con personas sancionadas por violaciones de derechos humanos, desafiando los términos de los contratos de corresponsalía que conectan a los bancos nicaragüenses con el sistema financiero global.
El incumplimiento de las regulaciones internacionales podría significar la pérdida de estas corresponsalías, lo cual podría tener graves consecuencias para el funcionamiento del Sistema Financiero Nacional (SNF) conformado por Banpro, BAC, La Fise, BDF, Ficohsa y Avanz, impactando directamente las transacciones de los nicaragüenses y la economía nacional.
De acuerdo con una publicación reciente del Diario La Prensa, actualmente, cerca de 20 bancos extranjeros —principalmente estadounidenses— funcionan como corresponsales de los bancos nicaragüenses. Sin estas alianzas, las instituciones locales no podrían ofrecer servicios financieros básicos vinculados al mercado global.
El impacto de la nueva ley para los usuarios
La nueva ley, aprobada este lunes 25 de noviembre de 2024, obliga a los bancos locales a realizar modificaciones en sus contratos de corresponsalía, de modo que no contradigan las nuevas disposiciones.
Sin embargo, cumplir con esta normativa podría violar las políticas de cumplimiento internacional que los bancos corresponsales están obligados a seguir, especialmente las establecidas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.
De acuerdo con el economista y exreo político Juan Sebastián Chamorro, los contratos de corresponsalía son la base para que el Sistema Financiero Nacional (SFN) funcione dentro del mercado financiero global. Si los bancos extranjeros deciden romper estos acuerdos, Nicaragua quedaría aislada del sistema financiero internacional, generando un impacto devastador.
Si los bancos nicaragüenses pierden sus corresponsalías, las consecuencias para los usuarios serían inmediatas, tales como:
- Interrupción de transferencias internacionales: los nicaragüenses tendrían dificultades para enviar o recibir dinero desde el extranjero, afectando tanto a empresas que dependen del comercio exterior como a familias que reciben remesas.
- Limitaciones en cuentas en dólares: sin acceso a bancos corresponsales, los bancos locales no podrían mantener operaciones en dólares, una moneda clave en la economía nicaragüense.
- Aumento en costos financieros: ante la falta de corresponsalías, las transacciones internacionales se volverían más costosas y complicadas, ya que los usuarios tendrían que buscar intermediarios alternativos fuera del sistema bancario.
- Problemas con tarjetas internacionales: las compras en línea y los pagos en el extranjero con tarjetas de débito o crédito emitidas por bancos locales podrían ser rechazados.
- Aislamiento financiero: Nicaragua perdería credibilidad en el mercado internacional, dificultando la inversión extranjera y el acceso a financiamiento externo.
El discurso oficial y la realidad financiera
Durante la sesión plenaria en la que se «discutió» la aprobación de la nueva ley, el diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez minimizó la importancia de los contratos de corresponsalías y argumentó que estos no pueden estar por encima de la ley.
«Las corresponsalías son acuerdos privados entre un banco extranjero y un banco nacional, para que este banco nacional ofrezca bienes o servicios a nombre de una institución financiera extranjera privada. Obviamente este contrato de corresponsalía privado no puede estar por encima de la Constitución, ni puede estar por encima de todas las disposiciones legales (del país)», aseguró el diputado sandinista.
El artículo 5 de la nueva Constitución diseñada y aprobada por el régimen, establece que “ninguna medida violatoria del derecho internacional” tomada por gobiernos extranjeros en “contra de instituciones, funcionarios o personas nicaragüenses tendrá validez para el Estado nicaragüense” y agrega que el Estado “tiene el derecho de tomar las medidas que sean necesarias para proteger su soberanía”.
Aún se desconoce la postura que tomarán los bancos corresponsales, los cuales tendrán que evaluar el costo-beneficio de mantener relaciones con instituciones nicaragüenses que no pueden garantizar el cumplimiento de normativas globales.
En un escenario pesimista, los bancos extranjeros podrían optar por terminar los contratos de corresponsalía, dejando a Nicaragua sin acceso directo a servicios financieros internacionales.
Si la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) u otras entidades internacionales deciden endurecer su postura frente a la nueva ley, el riesgo de un colapso financiero será inminente.
Este escenario impactaría no solo a los bancos, sino también a los ciudadanos nicaragüenses y a las empresas que dependen de un sistema financiero sólido y vinculado al mercado global. La crisis, resultado directo de las decisiones del régimen, pone en evidencia la falta de análisis previo a la aprobación de una ley diseñada para proteger a sus funcionarios sancionados por la comunidad internacional.
Régimen protege a sus sancionados a toda costa
Desde 2018, más de un centenar de funcionarios e instituciones públicas vinculados al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido sancionadas por diferentes gobiernos y organismos internacionales debido a su implicación en violaciones de derechos humanos, represión y corrupción.
Las sanciones incluyen restricciones de visa, congelamiento de activos y otras medidas punitivas. Estas acciones han sido lideradas por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y otros países, en respuesta a la represión ejercida contra opositores políticos, medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil.
Por ejemplo, Estados Unidos ha impuesto sanciones a altos funcionarios, jueces y colaboradores cercanos de Ortega, mientras que la UE ha sancionado a más de 31 personas del régimen.
Estas medidas buscan presionar a la dictadura para que cese la represión y libere a presos políticos, entre otras demandas que restituyan la democracia y los derechos de los nicaragüenses.
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