A partir del primero de enero de 2025, el régimen de Daniel Ortega ha anunciado un incremento del 7% en el salario mínimo para los trabajadores de las zonas francas a nivel nacional.
Esta medida, aprobada por la Comisión Tripartita de Zona Franca, estableció un salario mensual de C$9,359.46. Sin embargo, esta alza contrasta fuertemente con el costo de la canasta básica, que en noviembre de 2024 alcanzó los C$ 19,992.
La diferencia abismal entre el salario mínimo y el costo de la canasta básica refleja una profunda desigualdad económica que afecta a los empleados de las zonas francas, un sector que, a pesar de ser una fuente importante de empleo en Nicaragua, enfrenta crecientes dificultades para cubrir las necesidades más básicas.
Mientras el salario mínimo de C$ 9,359.46 representa solo una fracción de la canasta básica, que para una familia de cuatro miembros es casi el doble de esta cifra, los trabajadores se ven obligados a luchar por una supervivencia digna en un contexto de inflación creciente y bajos salarios.
El aumento del 7% en el salario mínimo es solo un paliativo ante una situación económica que se deteriora rápidamente. De acuerdo con los datos del Instituto Nicaragüense de Desarrollo, hasta noviembre de 2024, el costo de la canasta básica ya superaba los 19 mil córdobas, lo que agrava aún más la brecha entre los ingresos y los gastos de las familias que dependen de los empleos en las zonas francas.
Sector de zona franca bajo amenaza
A este panorama económico se suma una nueva amenaza externa que podría agravar aún más la situación. El pasado 10 de diciembre, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anunció la apertura de una investigación sobre las violaciones de derechos humanos y laborales en Nicaragua.
Esta investigación podría tener consecuencias significativas para el régimen de Ortega, especialmente en el marco del tratado comercial DR-CAFTA, que ha sido clave para el comercio de Nicaragua con Estados Unidos y otros países centroamericanos.
Oscar René Vargas: «EE.UU podría forzar al régimen a negociar con posible suspensión del Cafta»
El analista político y exiliado nicaragüense, Óscar René Vargas, ha señalado que esta acción podría ser utilizada como una herramienta de presión para obligar al gobierno de Ortega a negociar.
No obstante, advirtió que una eventual suspensión del DR-CAFTA podría tener repercusiones devastadoras para la economía nicaragüense, particularmente para la Zona Franca, que emplea a más de 120,000 trabajadores.
Los efectos de una posible suspensión serían inmediatos, y los trabajadores de las zonas francas serían los primeros en sufrir las consecuencias.
La incertidumbre económica en Nicaragua se ve amplificada por las presiones internacionales, lo que coloca a este sector en una situación de vulnerabilidad.
El futuro de los trabajadores de las zonas francas, y de la economía nicaragüense en general, depende de un régimen que continúa priorizando sus intereses políticos por encima del bienestar de la ciudadanía nicaragüense.
Nicaragua Investiga
