El régimen Ortega-Murillo estableció un “Comité de Estabilidad Financiera” para supervisar la banca privada. Esta medida se suma a la reforma del sistema bancario nicaragüense, cuyo objetivo es mantener bajo vigilancia a los bancos.

El 27 de enero de 2025, Daniel Ortega presentó una iniciativa de ley para crear una nueva estructura integrada por siete instituciones financieras.

Las siete entidades son: el Banco Central de Nicaragua, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, la Unidad de Análisis Financiero, el Fondo de Garantías de Depósitos, la Comisión Nacional de Microfinanzas y el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio.

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El supuesto objetivo de este comité es identificar los riesgos tanto internos como externos al sistema financiero. Se espera que el comité formule recomendaciones a los entes reguladores y, cuando sea necesario, solicite una mayor supervisión de aquellas entidades que representen un riesgo para la estabilidad financiera.

También se dedicará a la vigilancia y al intercambio de información.

La vigilancia llegará a sistemas de pagos

El comité, establecido por la Ley 979 para fortalecer la solidez financiera y el comité de estabilidad financiera, supuestamente ha estado operando sin éxito desde la entrada en vigencia de la ley, a pesar de que fue la base de su creación. Ahora queda derogada esta normativa.

El comité creará una metodología para “identificar los riesgos a la estabilidad financiera” y se considerarán estos análisis si ocurren tales riesgos.

Su alcance llegará incluso a identificar entidades financieras, grupos, sistemas, actividades o procesos que, debido a su interrelación con las instituciones financieras, grupos financieros, sistemas de pago e infraestructura del mercado financiero, puedan afectar la estabilidad financiera.

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Los sujetos identificados deberán cumplir con las obligaciones e instrucciones de supervisión, vigilancia y fiscalización comunicadas por los entes reguladores. Además, deben proveer toda la información a los entes reguladores y podrían estar sujetos a sanciones si incumplen.  

El régimen nicaragüense está reformando el sistema bancario para proteger a sus funcionarios de sanciones internacionales, impedir que grupos opositores influyan en la economía local y controlar las remesas, especialmente aquellas que superen los mil dólares.