El reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el que enaltece las políticas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, advierte que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) requiere otras reformas para garantizar su viabilidad, las que el dictador posiblemente está “negociando”.
El informe, publicado el 7 de febrero de este año, detalla en uno de sus anexos que para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del INSS, deben aprobar nuevas reformas, entre otras cosas porque las reservas líquidas del INSS se agotaron en 2022 y el rendimiento de sus inversiones se redujo. Estas y otras circunstancias agonizantes obligan al Estado de Nicaragua a seguir cubriendo sus déficit.
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“Los shocks que afectaron al empleo formal en 2018-19 y la posterior recuperación lenta y limitada del empleo formal también afectaron la situación financiera del INSS”, expresa uno de los anexos del informe del FMI.
“La prolongada contracción económica durante 2018-20 y una lenta recuperación del empleo formal desde entonces han ejercido más presión sobre la disminución de las contribuciones. Como resultado, la tasa de dependencia ha disminuido de 4.5 personas empleadas que mantenían a un jubilado en 2013 a 2.6 en 2023”, añade el documento.
La situación se volvió grave en 2021
El FMI detalla que los cambios en la estrategia de inversión aceleraron el agotamiento de las reservas y contribuyeron a la crisis de ingresos del INSS. El informe indica que dado que los rendimientos del fondo también financian los gastos del INSS, “la situación se volvió grave en 2021 cuando el fondo se agotó”.
A finales de 2022, el fondo estaba en -5.3 millones de dólares, lo que equivale al 0.9 por ciento del PIB.
El FMI predice que la institución continuará viendo una disminución en los ingresos por inversiones y una caída en la proporción de trabajadores por beneficiario a 2.2 para 2028. Esto, junto con el agotamiento de las reservas líquidas, lleva al FMI a creer que el sistema actual no es sostenible a largo plazo.
Debido a la dramática situación que atraviesa el INSS, el Estado de Nicaragua podría verse obligado a continuar financiando sus déficits con cargo al presupuesto nacional o mediante la donación de propiedades, como se hizo el año pasado con la entrega de más de setenta propiedades.
“El sistema sigue acumulando pasivos no financiados y el gobierno central tendrá que seguir cubriendo los déficits del INSS, lo que conducirá a una política fiscal restrictiva cada vez más sub-óptima o a donaciones ad hoc hasta que se encuentre una solución permanente”, enfatizan.
Un informe que echa flores al régimen
El informe del FMI recibió críticas de economistas y sociedad civil por elogiar la política económica del régimen, en un contexto de inseguridad jurídica empresarial, confiscación de propiedades y secuestro de opositores.
El Directorio Ejecutivo del FMI concluyó la consulta del Artículo IV de 2024 que Nicaragua experimenta un sólido crecimiento de la economía nicaragüense se debe a la fuerte demanda interna y a la moderación de la inflación. Este desempeño es resultado de políticas macroeconómicas prudentes y remesas que alcanzan niveles récord.
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Los ciudadanos nicaragüenses que han migrado debido a la persecución, el hostigamiento, el acoso y la vigilancia, envían remesas a sus familias. Estos migrantes trabajan en condiciones difíciles en países como Costa Rica, Estados Unidos, Panamá y España.
FMI dijo en ese mismo informe “que la economía se mantiene abierta y resiliente, después de enfrentar múltiples shocks importantes y en un contexto de transferencias de propiedades privadas al Estado, sanciones internacionales y reorientación del financiamiento social”. Estas propiedades no son transferidas, sino asaltadas y confiscadas por el régimen.
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