El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) ha expresado su preocupación ante la reciente aprobación de una reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, con la cual se obliga a las entidades financieras financieras del país a mantener abiertas las cuentas bancarias de personas e instituciones públicas a menos de que exista una justificación legal, incluyendo a aquellas que han sido sancionadas a nivel internacional.
Aplanadora sandinista aprueba reforma para que a sancionados no se le cierren cuentas bancarias
A través de un comunicado, el Cosep respalda la alerta emitida por la Asociación de Bancos Privados (Asobanp) sobre que esta reforma podría colocar a Nicaragua en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que ocasionaría el cierre de las cuentas de corresponsalía bancaria, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar o recibir transferencias internacionales, el cierre de líneas de crédito del exterior, la cancelación de contratos con las marcas de tarjetas de crédito, entre otros efectos negativos.
Nicaragua excluida del sistema financiero internacional
En los últimos años de crisis sociopolítica, varios funcionarios nicaragüenses allegados a Daniel Ortega, así como algunas entidades públicas y privadas, han sido sancionadas a nivel internacional por motivos de corrupción y violación a los derechos humanos. En consecuencia, los bancos han cortado relaciones para evitar ser señalados de ir en contra de estas medidas.
Sin embargo, la nueva Ley obligaría a la banca nacional a hacer caso omiso a estas medidas internacionales y continuar manteniendo las cuentas de los señalados. Michael Healy, presidente del Cosep, sostuvo esta tarde que con la aprobación general de la Ley 842 se corre el riesgo de que el sistema financiero nacional desaparezca, pues «al no cumplir estos requisitos (…) quedaríamos aislados del sistema financiero internacional».
El hecho de que la Asamblea Nacional aprobara la Ley solo en lo general y no en lo particular ha generado diversos cuestionamientos sobre si es una oportunidad para que el gobierno y el sector privado retomen negociaciones, pero ante tal afirmación Healy alegó que sería «difícil» pues esta se trata de «una situación caótica en la economía de Nicaragua» y si el gobierno no ha cumplido hasta el momento con los acuerdos establecidos en el pasado «¿quién nos garantiza a nosotros si nos sentamos con ellos que van a cumplir?»
Para el representante del sector privado, el gobierno debería retroceder en la aplicación de nuevas leyes que ha venido realizando en los últimos tres años pues únicamente retroceden en los temas económicos, de derechos humanos, seguridad, protección y desarrollo.
Nicaragua Investiga
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