Gobierno impondrá multa de hasta C$ 3.6 millones a bancos para proteger a sancionados

La reforma obligaría a los bancos a mantener abiertas las cuentas de personas sancionadas por Estados Unidos a pesar de los riesgos que implicaría para estos no cumplir con las disposiciones de la Oficina de Control de Activos Extrajeros (OFAC).

La Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras SIBOIF publicó esta semana modificaciones a la Norma de transparencia sobre las instituciones financieras para ajustarla a los dispuesto en la reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias aprobada el pasado mes de febrero por la mayoría sandinista en la Asamblea Nacional.

La reforma obligaría a los bancos a mantener abiertas las cuentas de personas sancionadas por Estados Unidos a pesar de los riesgos que implicaría para estos no cumplir con las disposiciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que enlista a estas personas como no aptas para realizar operaciones financieras en aquellas entidades bancarias que están supeditadas al sistema financiero internacional.

La normativa explica que es derecho de los consumidores y usuarios “seleccionar y acceder a los productos o servicios financieros en el ámbito de libre competencia, ofrecidos por las distintas instituciones”, por lo cual explica que si un usuario recibe notificación de la cancelación o suspensión de sus cuentas “este podrá presentar su reclamo directamente ante la Superintendencia con el fin de solicitar la restitución de sus derechos”.

La normativa establece cancelar o negar la apertura de cuentas o prestación de servicios financieros como una falta “grave” y estipula multas administrativas de 1 a 550 unidades en caso de incumplirse esta disposición y no “proteger” a los sancionados. Esto equivale a más de 3.6 millones de córdobas.

Protección a sancionados se “disfraza” con otras necesidades

La transparencia sobre las operaciones de la banca nacional ha sido una necesidad de los usuarios desde hace muchos años.

Esta normativa sugiere una serie de cambios que por mucho tiempo se han demandado como por ejemplo los bancos ya no podrán; realizar gestiones de cobro, promociones u ofertas fuera de los horarios establecidos, negar información a los clientes sobre los servicios contratados como tasas de interés anual o estado del crédito, no ofrecer a los clientes en un tiempo razonable un documento que constate la cancelación de los préstamos, difundir publicidad errónea, o poco clara, penar, prohibir o limitar pagos anticipados de préstamos así como imponer al usuario la aseguradora que debe contratar para obtener la póliza de seguros.

Banco Central admite que persisten tres riesgos que podrían afectar estabilidad financiera nacional

Sin embargo, obligar a los bancos a mantener abiertas las cuentas o servicios financieros de personas o instituciones sancionadas por Estados Unidos, expone a los bancos a multas de peores consecuencias, no solo a nivel económico, sino también representaría afectación a la credibilidad internacional y con ello se exponen a no poder hacer transacciones con otros bancos y perder oportunidades de inversión.

El economista Maykell Marenco ha advertido que lo que ocurriría con el país, tras aplicarse esta normativa es el cierre de corresponsalía a nivel internacional, porque resultaría muchísimo más costoso para otros países establecer relaciones financieras y comerciales con un país sancionado, con un país cuyo riesgo país estaría altísimo.

«Hablamos de riesgo reputacional, una variable por supuesto que cuiden los bancos comerciales, además de la rentabilidad esperada en este caso depende bastante de por supuesto los costos operativos, es decir, cualquier país que establezca vinculo con un país sancionado por la GAFI o que aparezca en la lista negra de la GAFI, naturalmente le será mas costoso mantener esas relaciones financieras¨, explicó el economista, Maykell Marenco.

Para Luis Nuñez, otro experto en temas económicos, los bancos deben de presionar al gobierno de desistir de esta aplicación de la reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, porque pone en gran riesgo la estabilidad del sistema financiero nacional.

¨Yo esperaría la reacción de la Asociación de Bancos, qué opinan; los bancos tienen que ser más agresivos, los bancos tienen que poner un alto a este gobierno de todas las arbitrariedades», dijo Núñez, y añadió que hasta el momento el sistema financiero se mantiene estable «y ha actuado con mucha responsabilidad en el manejo de sus carteras y este tipo de medida lo que hace es meter demasiado ruido».

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