Por Nicaragua Investiga y Café con Voz
El Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) fue creado para proporcionar beneficios de seguridad social a los militares y sus familias, pero se ha convertido en una red corrupta que opera con secretismo y opacidad, a pesar de las leyes que exigen supervisión y auditorías públicas.
Cuando el general Humberto Ortega dejó el Ejército de Nicaragua, no lo hizo con las manos vacías. La venta de armas de guerra que gestionó en sus últimos meses al mando le permitió inyectar millones de dólares a un fondo que pretendía beneficiar a los militares retirados, pero que se convirtió en un emporio secreto de poder y corrupción.
El Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) nació de la venta de esas armas.
“Hasta donde se sabe tuvo dos destinos: el bolsillo del general Humberto Ortega y sus camarillas de socios. Y el otro fue para inyectar recursos económicos al Instituto de Previsión Social Militar”, afirma Javier Meléndez, experto en seguridad y defensa.
Aunque el IPSM se creó oficialmente en 1994 para ofrecer beneficios de seguridad social a los militares y sus familias, Meléndez asegura que se convirtió en algo muy diferente: un sistema corrupto y una red de empresas que beneficia a los líderes militares y al círculo íntimo de la familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
A pesar de las leyes que exigen fiscalizar al IPSM, no se ha hecho una auditoría pública. Solo en 1995, un año después de su creación y con la salida de Humberto Ortega, el jefe militar Joaquín Cuadra, presentó un reporte de cinco millones de dólares. Hasta hoy, ningún otro jefe del Ejército ha presentado otra auditoría.
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Los únicos informes del IPSM
Desde hace 23 años el IPSM no presenta informes de auditorías. Solo presentó dos informes a la Contraloría General de la República, que detallan el desempeño financiero de sus empresas entre 2006 y 2009. Los informes fueron elaborados por las firmas privadas Price Waterhouse Coopers y Deloitte & Touche. Esta última señaló que el capital del IPSM aumentó de 29,5 millones de dólares en 2002 a 72,3 millones en 2009.
Pero fuentes militares declararon a Confidencial en 2019 que tiene una enorme riqueza, que posiblemente oscila entre 90 y 100 millones de dólares, gran parte invertida en Estados Unidos.
“La Contraloría General de la República, en lugar de ejercer su función fiscalizadora, conforme a su ley orgánica, opera bajo la directriz política de la pareja presidencial, consolidando así un entorno de impunidad y opacidad que le facilita moverse de esta manera”, expresa José Ulloa, consultor de la Red Voces del Sur, un grupo de 17 organizaciones de la sociedad civil en igual número de países.
“No es fácil hacer un estimado del capital del Ejército. Muchas de las empresas documentadas en años atrás ni siquiera existen. Seguramente han salido otras nuevas”, dice Meléndez.
Fachada del IPSM ubicado en Managua. Foto | Cortesía.
El experto es contundente en su crítica: “El modelo de gestión del IPSM es el más corrupto de América Latina”. Advierte que la participación del Ejército en los negocios es una amenaza para la democracia y la transparencia en la región, porque no debe estar involucrado en hacer negocios.
Transparencia Internacional posicionó a Nicaragua este año en 14 puntos. Son números rojos y “esto es extremadamente bajo”, indicó Luciana Torchiaro, Consejera Regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional. “Nicaragua nunca estuvo bien en nuestro ranking”, sentencia.
En 2012, Transparencia Internacional le dio a Nicaragua 29 puntos y hubo un decaimiento que demuestran cómo es considerado uno de los más corruptos de América Latina. “En 2018, por ejemplo, el país obtuvo 25 puntos y el año siguiente 22, llegando a 2024 con 14 puntos”, detalla Torchiaro.
“La corrupción a estos niveles afecta el clima de negocios. Las empresas no quieren invertir en países que no son confiables y en donde no hay transparencia, donde las reglas del juego no son claras y hay mucha discrecionalidad”, afirma Torchiaro.
El consultor de la Red Voces del Sur explica que cuando hay secretismo y opacidad, no se verifica el destino de los fondos públicos, no se evalúa conflictos de intereses y corrupción, se restringe el derecho de la ciudadanía a fiscalizar y no participan de manera informada en los asuntos públicos.
“Se socava la confianza de las instituciones, se fomenta un ambiente de impunidad y el país se encamina a un endeudamiento”, expone.
La opacidad del IPSM
El IPSM afirma en su sitio web que administra sus fondos de manera eficiente, pero no revela los montos que maneja. Ha obtenido ganancias equivalentes al 20 por ciento del total administrado en los últimos dos años. Las decisiones de inversión y otras operaciones son realizadas por una junta directiva única en América, compuesta por funcionarios civiles y militares.
Meléndez sostiene que es probable que estas empresas se hayan alejado del IPSM y ahora están controladas por una red de militares y sus familiares.
Altos mandos del Ejército de Nicaragua. Foto | Prensa oficialista.
“Los negocios del Ejército en realidad ya no tienen nada que ver con el Instituto de Previsión Social Militar. Son negocios de los militares, que están mamando la teta de la vaca. Tienen clavados sus dientes en la yugular de cualquier préstamo o donación que le entra a Nicaragua”, sentencia.
El general de brigada Julio Modesto Rodríguez Balladares, sancionado por Estados Unidos por prestar apoyo a las fuerzas policiales y paramilitares que cometieron abusos de derechos humanos y ataques contra manifestantes en 2018, es el actual director del IPSM y reporta a la Junta Directiva, liderada por el jefe del Ejército, el general Julio César Avilés Castillo, que está compuesta por miembros militares y civiles.
Entre los miembros se encuentran el jefe del Estado Mayor, el mayor general Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz; el inspector general, el mayor general Marvin Corrales; el jefe de Personal y Cuadros, Bayardo de Jesús Pulido Ortiz; el recién nombrado ministro de Hacienda y Crédito Público, Bruno Gallardo Palaviccine; y el director ejecutivo del Seguro Social, Roberto López. Todos, sin incluir al ministro de Hacienda, están sancionados por Estados Unidos.
Según una investigación de Confidencial en 2019, el IPSM, que no está sancionado, cotizaba en la Bolsa de Valores de Estados Unidos con aproximadamente 30 millones de dólares y es administrado por varias firmas especializadas, incluidas Russell Investments, Reverence Capital Partners y TA Associates.
El modelo de pensiones del Ejército
En el modelo de pensiones del IPSM solo están cobijados los que tienen rango superior a teniente coronel. Los que tienen rango inferior cotizan en el Seguro Social. De mayor a teniente coronel pueden aspirar a través de préstamos a una casa, un carro y becas en el exterior para los hijos.
El monto de la pensión que recibe un afiliado al retirarse depende de los años de servicio militar activo completado. Un oficial que se jubila después de 40 años de servicio recibe un equivalente al 90 por ciento de su salario mensual.
Los que se retiran con 35 años de servicio reciben el 85 por ciento de su salario mensual como pensión. Los que se jubilan a los 32 años reciben el 80 por ciento de su salario mensual, mientras que los que se retiran a los 30 años reciben una pensión del 75 por ciento de su salario mensual.
Los que se retiran con 27 años reciben el 62 por ciento de su salario y con 24 años reciben el 50 por ciento. Los jubilados con 21 años de servicio reciben el 41 por ciento de su salario. El retiro por incapacidad permanente también es una opción con beneficios reducidos: el oficial recibe un pago equivalente a tres años de salario. El sueldo de un militar se desconoce en Nicaragua.
Meléndez afirma que la idea original de tener activos para financiar el Instituto de Previsión Social Militar, “está completamente desvirtuada, corrupto y la base de este entramado empresarial del Ejército, tiene que ver con la apropiación indebida de las riquezas, ventajas empresariales para la oligarquía militar y el círculo de oro que está alrededor de la familia Ortega-Murillo”.
“A los militares no se les toca ni con el pétalo de una rosa”
Antes del regreso de Daniel Ortega al poder en 2007, ningún gobierno se enfrentó con los negocios del Ejército. Un conflicto ocurrido en el año 2000, durante la presidencia de Arnoldo Alemán, demostró cómo los militares protegen sus intereses. Incluso, si un gobierno en turno los afecta, están dispuestos a poner en riesgo la seguridad nacional.
Un informe periodístico del diario La Prensa detalla que Alemán intentó intervenir el Banco de Finanzas (BDF), lo que provocó un enfrentamiento con el jefe del Ejército de ese momento, Javier Carrión. El motivo de la disputa fueron los ocho millones de dólares pertenecientes al IPMS que el Ejército tenía depositados en el banco. Daniel Ortega, quien era un opositor en la llanura en ese momento, presentó la denuncia.
Daniel Ortega y Julio César Avilés, en un acto público en Managua. Foto | Prensa oficialista.
La tensión llegó al extremo cuando Carrión y otros altos mandos militares interceptaron a Alemán en la pista de aterrizaje de la Fuerza Aérea. Lo obligaron a convocar de inmediato una reunión con la Comisión Nacional de Seguridad, el Ministerio de Defensa y el Ejército para resolver el problema.
Carrión advirtió que, si algo así volvía a ocurrir, podría desatarse una crisis que amenazaría la seguridad del país. O, como recuerda Meléndez que le dijo un diputado nicaragüense en una ocasión: “A los militares no se les toca ni con el pétalo de una rosa”.
José Ulloa afirma que el Ejército usa la “seguridad nacional” como justificación para militarizar el secretismo. Sin embargo, señala que no todas las operaciones militares se consideran “reservadas o clasificadas”, según la Ley 621 de Acceso a la Información Pública, una norma que no se respeta en Nicaragua.
Con la justificación de que la información militar es sensible y clasificada, esta red de corrupción empresarial ha actuado bajo la sombra, se ha enriquecido de manera exorbitante y han desvirtuado completamente sus funciones originales para favorecer a su principal cliente: Daniel Ortega.
