Once relatores de la ONU denuncian represión del Gobierno nicaragüense

Piden a Ortega desmantelar a paramilitares y detener detenciones arbitrarias

Un grupo de once expertos en derechos humanos de la ONU exhortó hoy al Gobierno de Nicaragua a detener la represión en el país tras 100 días de protestas en los que al menos 317 personas han muerto y 1.830 han resultado heridas.

«Los informes indican que ha aumentado la represión selectiva, la criminalización y las presuntas detenciones arbitrarias, lo que está creando una atmósfera de temor e incertidumbre entre diferentes comunidades y entre los representantes de la sociedad civil en el país», declararon los expertos en un comunicado.

«Estamos consternados porque muchos defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras voces disconformes están siendo criminalizados y acusados de cargos infundados y desproporcionados, tales como ‘terrorismo'», agregaron.

El texto de los relatores especiales detalla cómo durante el mes de abril «fuerzas de seguridad y grupos afiliados al partido de Gobierno reprimieron con violencia las protestas contra las reformas de la seguridad social».

Nuevos tipos de represión

Las protestas han disminuido recientemente, pero los expertos censuran que «las voces críticas hacia el Gobierno siguen siendo objeto de intimidación, amenazas y privaciones de libertad, incluyendo detenciones colectivas y malos tratos».

Explícitamente critican que los profesionales de la salud que ayudaron a las personas heridas se han enfrentado a represalias y han sido despedidos de sus puestos de trabajo sin una explicación clara, desencadenando así un efecto dominó perjudicial en el acceso a la atención médica.

«Deploramos lo que parece ser una campaña de desprestigio destinada a desacreditar o vilipendiar a los defensores y defensoras de los derechos humanos como «‘terroristas’ y ‘golpistas’, y aparentes intentos de socavar a la oposición».

«También estamos profundamente preocupados porque la nueva legislación, adoptada a principios de julio por el Congreso nicaragüense para combatir el lavado de dinero, permite a las autoridades un mayor margen para realizar arrestos y procedimientos penales contra manifestantes y hacer un uso indebido de la misma», subrayaron los expertos de la ONU.

Llaman a poner fin a paramilitarismo

Los relatores denunciaron «que estos patrones de represión de la disidencia se estén expandiendo» y subrayaron que su preocupación se acentúa «por el nivel de impunidad en torno a las violaciones de los derechos humanos, entre las cuales se cuentan actos de violencia de género contra mujeres defensoras perpetrados por agentes del orden público y elementos paramilitares».

«Exhortamos al Gobierno de Nicaragua a que desmovilice inmediatamente a los grupos paramilitares e investigue las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios y las denuncias de desapariciones forzadas con la debida diligencia, sin demora y mediante el uso de procedimientos efectivos, imparciales e independientes», concluyeron.

Firman el comunicado los relatores especiales sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst; sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voulé; sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnès Callamard.

Además, suscriben el texto los relatores especiales sobre el derecho a la salud física y mental, Dainius Puras; sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli, y la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, Ivana Radani.

Asimismo, apoyan el texto la relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin; el presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Bernard Duhaime; la relatora especial sobre el derecho a la educación, Koumbou Boly Barry, y el presidente del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, Seong-Phil Hong.