Los pobladores de Bajo Aguán en el norte de Honduras salieron a las calles este lunes para mostrar su luto e indignación por el asesinato del líder social Omar Cruz Tomé, ultimado la semana pasada en una ola de homicidios contra ambientalistas en esa región del país. Otros dos crímenes se registraron a principios de enero.
Cruz Tomé presidía la Cooperativa Agropecuaria Los Laureles, ya había recibido amenazas y el Estado era conocedor de la situación de vulnerabilidad de este defensor de los derechos de la tierra en una zona fértil, donde persiste una situación “conflictiva heredada”, según ha reconocido la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno.
Los sucesivos ataques donde también perecieron Aly Domínguez y Jairo Bonilla se han registrado en el Departamento de Colón y según las investigaciones los tres crímenes son atribuidos a sicarios fuertemente armados.
Estos ecologistas denunciaron por años “el despojo de tierras” a los campesinos para beneficiar supuestamente a compañías extranjeras. Los pobladores de Bajo Aguán piden el esclarecimiento de los crímenes y que se haga justicia, aunque temen represalias.
“Hasta la fecha no han hecho nada, las investigaciones no avanzan, porque las autoridades de Tocoa están coludidas con una empresa minera que explota el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras”, le dijo a The Associated Press Reynaldo Domínguez, hermano de Aly Domínguez, ultimado el 7 de enero.
La representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, Isabel Albaladejo, advirtió ante medios de comunicación locales que la escalada de violencia contra defensores de los derechos de la tierra genera preocupación y ha llamado al Estado a reforzar medidas de protección para esos dirigentes.
El movimiento campesino en Honduras ha señalado que se han difundido listas con los nombres de líderes sociales que están bajo amenazas por sus actividades en defensa de derechos de los pueblos y del medio ambiente, y que el estado debe protegerlos.
La Red Nacional por Escazú, que agrupa a colectivos ambientalistas a nivel nacional dijo este fin de semana en un comunicado que los sucesivos asesinatos contra dirigentes sociales dejan ver el deterioro institucional y la falta de respuesta desde el Estado para garantizar derechos fundamentales reclamados por las comunidades campesinas.
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“Los hechos ocurridos evidencian una vez más que en Honduras, en la lucha y protección del medio ambiente, es inexistente una garantía del derecho a la vida libre de violaciones y amenazas para los defensores territoriales”, dijo la organización en un pliego de exigencias al gobierno hondureño.
La jefa de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque, ha dicho que desde el gobierno de la presidenta Xiomara Castro comparten su “profunda indignación y dolor” ante los asesinatos cometidos contra esos líderes ambientalistas.
Nicaragua Investiga
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