La administración de Donald Trump ha intensificado su confrontación con el régimen de Nicolás Maduro, al ordenar el cese inmediato de todos los contactos diplomáticos con Venezuela de acuerdo a información del medio estadounidense The New York Times, lo que abre la puerta a una posible escalada militar que podría incluir operaciones terrestres dentro del país sudamericano. Esta decisión, revelada el 6 de octubre por fuentes oficiales estadounidenses, coincide con una serie de ataques aéreos y navales contra embarcaciones en el Caribe, que han dejado al menos 21 muertos desde septiembre, y un despliegue militar que analistas consideran excesivo para meras operaciones antinarcóticos.
El presidente Trump, frustrado por la falta de avances en negociaciones lideradas por su enviado especial Richard Grenell, interrumpió personalmente las conversaciones el jueves pasado durante una reunión con altos mandos militares. «Trump llamó a Grenell y le indicó que detuviera todo acercamiento diplomático, incluyendo sus discusiones con Maduro», según reportes de The New York Times citados por Reuters el 6 de octubre. Grenell, quien asumió el rol en enero con el lema «La diplomacia está de vuelta. Hablar es una táctica», vio truncados sus esfuerzos por un supuesto rechazo de Maduro a ceder el poder de manera «voluntaria».
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Esta medida se enmarca en una campaña más amplia contra los cárteles de drogas vinculados a Venezuela, como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, designados como organizaciones terroristas por el Departamento de Estado. El 5 de octubre, el secretario de Defensa Pete Hegseth anunció un nuevo bombardeo contra una lancha rápida en costas venezolanas, matando a cuatro tripulantes calificados como «narcoterroristas». «El Ejército de Estados Unidos mató a sus cuatro tripulantes», detalló Hegseth en un video del Pentágono que muestra la explosión de la embarcación, sin presentar evidencias adicionales sobre la carga o identidades a bordo. Este incidente eleva el conteo de víctimas a 21 en cuatro ataques confirmados desde el 3 de septiembre, justificados por Trump como parte de un «conflicto armado no internacional» que no requiere aprobación del Congreso.
Expertos en derecho internacional cuestionan la legalidad de estas acciones. Una opinión clasificada del Departamento de Justicia, elaborada por la Oficina de Asesoría Legal, argumenta que el presidente puede autorizar «fuerza letal contra una amplia gama de cárteles porque representan una amenaza inminente para los estadounidenses».
Sin embargo, abogados del Pentágono han expresado «preocupación sobre la legalidad de los ataques letales contra presuntos narcotraficantes», según fuentes internas citadas por CNN, advirtiendo que esto podría equiparar a traficantes con «combatientes enemigos» sin debido proceso.
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EE.UU. mantiene en el Caribe ocho buques de guerra, un submarino nuclear, más de 4.500 soldados y cazas F-35, un despliegue que «supera con creces lo necesario para combatir cárteles de drogas», según analistas citados por Venezuelanalysis.
Estrategas militares estiman que estas fuerzas son «suficientes para capturar y retener activos clave como puertos y aeródromos en Venezuela», lo que apunta a preparativos para una ofensiva terrestre.
El domingo, Trump insinuó una «fase dos» en un evento naval, al mencionar la posibilidad de «convertir la operación contra los cárteles en una ofensiva por tierra». Fuentes del Pentágono han elaborado «múltiples planes militares para una escalada», incluyendo un cambio de régimen en Caracas, impulsado por el secretario de Estado Marco Rubio, quien califica a Maduro de «líder ilegítimo» y «fugitivo de la justicia» por cargos de narcoterrorismo desde 2020.
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En respuesta, Venezuela ha elevado la alerta militar y denunciado complots contra su soberanía. Caracas alertó sobre un «posible ataque a la embajada de EE.UU. en Caracas» por extremistas, afirmando haber frustrado un plan con explosivos contra el complejo diplomático clausurado. Maduro acusa a Washington de buscar «un cambio de régimen» e imponer «gobiernos títeres», mientras ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a su captura.
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