Con información de Agencias
El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su despliegue militar en el Caribe, con el objetivo de presionar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Según fuentes del Pentágono citadas por The New York Times, se han posicionado alrededor de 10.000 soldados estadounidenses en la zona, predominantemente en instalaciones de Puerto Rico, acompañados de ocho buques de guerra de superficie y un submarino. Este movimiento, que incluye aviones de combate F-35 y drones MQ-9 Reaper, apunta a operaciones potencialmente amplias, posiblemente extendiéndose al territorio venezolano, en el marco de lo que el Departamento de Defensa califica como un «conflicto armado» contra cárteles de narcotráfico.
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Paralelamente, el emirato de Catar emerge como un actor clave en intentos de desescalada, posicionándose como puente diplomático entre Washington y Caracas. Funcionarios venezolanos han respaldado estas iniciativas, que buscan restablecer canales de comunicación estancados, pero el equipo de Donald Trump muestra poco entusiasmo, priorizando tácticas de confrontación sobre el diálogo. Juan González, exdirector de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional bajo la administración Biden, describió estos esfuerzos en The New York Times como un mecanismo para «fomentar un diálogo más estructurado o un canal alternativo entre ambas partes», aunque admitió que «no han tenido mucho éxito en el gobierno de Trump».
El país del Golfo participa en al menos 12 procesos de mediación globales, incluyendo negociaciones sobre la guerra en Gaza. En el caso venezolano, ha facilitado encuentros previos, como las reuniones de 2023 entre González y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Según el mismo González, en declaraciones recogidas por The New York Times, Catar «hizo de anfitrión, mantuvo minutas y nos ayudó a intercambiar documentos e información sobre asuntos delicados», e incluso presionó directamente en Caracas para resolver impasse. Estos pasos han incluido la liberación de presos estadounidenses y la aceptación de vuelos de deportación, temas que persisten pese a la retórica beligerante actual.
La administración Trump, liderada en esta agenda por figuras como Marco Rubio (secretario de Estado), John Ratcliffe (director de la CIA) y Stephen Miller (asesor de política interior), ve a Maduro como un «dirigente ilegítimo» y fugitivo por cargos de narcotráfico desde 2020. Recientemente, Trump instruyó a Richard Grenell, su enviado especial, detener cualquier negociación con el gobierno venezolano, según fuentes estadounidenses reportadas por The New York Times. Maduro, por su parte, ha respondido con una carta al presidente estadounidense negando responsabilidad en el flujo de drogas hacia EE.UU. y expresando interés en puntos comunes, como la cooperación migratoria.
Desde septiembre, fuerzas estadounidenses han ejecutado al menos cuatro ataques contra embarcaciones en el Caribe, causando la muerte de 21 personas, justificadas como operaciones antinarcóticos sin evidencia pública ni respaldo legal claro. El presidente colombiano Gustavo Petro cuestionó el último incidente, afirmando que involucraba a un barco de su nación con migrantes. En respuesta, cinco líderes demócratas en la Cámara de Representantes enviaron una carta a Trump exigiendo claridad sobre la autoridad legal de estas acciones y criticando la invención de categorías como «organizaciones terroristas» sin fundamento.
Mientras Catar busca capitalizar su influencia en el sector energético —como productor líder de gas natural y socio potencial en los yacimientos venezolanos—, la oposición interna en Venezuela, encabezada por María Corina Machado, coordina con aliados de Trump para contrarrestar a Maduro y grupos criminales.
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