La canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, recibió en la frontera con Venezuela, en el estado Táchira de ese país, a 17 connacionales que la dictadura de Nicolás Maduro mantenía en cárceles venezolanas acusados de supuestos delitos de conspiración contra su régimen.
En una nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores se asegura que ninguno de ellos tenía expedientes judiciales abiertos en territorio venezolano, pese a la retórica chavista, en especial del exmilitar y ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, de señalar a extranjeros de llegar a su país para intentar actos de sabotaje contra Maduro y su gestión.
“Este es un paso significativo en la tarea de garantizar los derechos de nuestros connacionales y de responder a los llamados de sus familias. La protección de los colombianos en el exterior es una prioridad del Gobierno del presidente Gustavo Petro”, destacó Villavicencio en una nota oficial de la Cancillería.
La ONG venezolana Foro Penal, dedicada a la defensa de las y los presos políticos, aseguró en su última actualización que en ese país había 866 presos políticos al 20 de octubre, de los que 97 eran de diferentes nacionalidades. Antes, en septiembre, detalló que 34 de ellos eran colombianos, de los que 13 tenían doble nacionalidad; es decir, eran colombo-venezolanos.
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Liberación gracias a gestiones con Venezuela
Villavicencio aseguró que la liberación de los colombianos fue posible con apoyo de la Cancillería venezolana y «en respeto de los derechos humanos», aunque la dictadura de Maduro es investigada por la Corte Penal Internacional (CPI) por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
Aunque Petro no reconoce el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de mayo de 2024, su administración se ha acercado en los últimos meses al chavismo, sobre todo después del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.
«La Cancillería mantendrá el diálogo con su homólogo venezolano, Yván Gil, para coordinar los siguientes pasos en favor de otros ciudadanos colombianos que aún permanecen detenidos en cárceles venezolanas, incluyendo la evaluación de repatriaciones de personas condenadas en el marco del Tratado de 1994», aseguró el Ministerio de Exteriores colombianos.
EEUU sanciona a Petro
La liberación que se produjo en el municipio Pedro María Ureña del estado Táchira, Venezuela, se da el mismo día que la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Ofac por sus siglas en inglés) anunció sanciones contra el presidente Petro, su esposa Verónica del Socorro Alcocer García; su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos y su ministro de Interiores, Armando Benedetti.
El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, en una nota oficial acusó a Petro de permitir «el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad».
Para el funcionario, «el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país».
Petro respondió en X al decir que siempre ha luchado contra el tráfico de drogas. «Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas».
Periodista Nicaragua Investiga
