En uno de los casos más recientes, una doctora en Venezuela fue condenada a 30 años de cárcel, la pena máxima en el país. La razón: criticar en un audio de la aplicación de mensajería de Whatsapp al dictador del país, Nicolás Maduro.
«No sé hasta cuándo vamos a tener que seguir soportando esta dictadura de Maduro que nos está matando de hambre a todos los venezolanos. ¡Dios mío! Ya no hay comida, no hay medicinas, cada día es más difícil y uno siente que nadie escucha; por favor, que alguien haga algo».
Esa fue la crítica de la médico Marggie Orozco, de 65 años, a quien condenaron en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, a 30 años de cárcel por haber emitido esta opinión.
La organización no gubernamental Espacio Público, dedicada a la defensa de las libertades de expresión, información y el acceso a la información pública, detalló que Orozco es médico general y cuenta con una especialización en Medicina de Familia.
Su condena refleja una práctica que los jueces, a lo largo de todo el país, han venido imponiendo a personas comunes por expresar su rechazo al régimen chavista, que van desde criticar a Maduro, calificar su gestión como una dictadura, llamar a protestas por fallas de servicios públicos o cuestionar el programa de entrega de comida de baja calidad como le ocurrió a una joven en el estado Monagas, en el este del país suramericano.
Una joven condenada a 10 años de cárcel
Este último fue el de Merlys Oropeza, de 25 años, a quien detuvieron en agosto de 2024 por escribir un mensaje en Whatsapp y en Facebook en el que cuestionó el triunfo de Maduro en las presidenciales como anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE) que controlan políticos del chavismo, así como decir que los que apoyaban esa decisión preferían los «gorgojos», como se critica los paquetes de comida que entrega el régimen en sectore vulnerables.
Estuvo más de 11 meses en prisión, recibió una condena de 10 años en junio pasado y la excarcelaron a mediados de julio como parte de una ronda de excarcelaciones de la dictadura. Este fue su mensaje:
“Qué triste ver a personas que prefieren la bolsa de gorgojos al futuro de sus hijos”.
En enero de este año apresaron a Marco Palma, de 50 años, después de que llamara en un grupo de Whatsapp a protestar y cerrar una carretera por el retraso en la llegada de los cilindros de gas doméstico en su comunidad en una zona que comunica a Los Teques con Caracas.
“Se cobró las primeras semanas de diciembre, y aún a esta fecha a la comunidad no se le ha despachado el gas. Hay muchas familias donde hay muchos niños pequeños… Mañana se tranca la carretera vieja para que los conductores estén atentos…”
Una hermana de Palma dijo a Espacio Público que lo condenaron en septiembre pasado a 15 años de cárcel, pese a la promesa del juez de que iban a cambiar la tipificación del delito. Lamentó que mantuvieran el caso sin denunciar a la espera de que lograran la libertad de Palma.
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Criminalizar la disidencia y la protesta
El abogado y defensor de presos políticos, Joel García, dijo en declaraciones a medios venezolanos que el chavismo se vale de la aplicación de la Ley contra el Odio, un instrumento que aprobó la Asamblea Constituyente de 2017, para criminalizar la disidencia, aplacar el descontento social y evitar que las personas se expresen con libertad.
Mientras que el expresidente del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, se refirió en una de sus columnas al caso de Oropeza.
«No se trata solo de una víctima más, sino de un símbolo: el símbolo de una dictadura que ha perdido toda conexión con la dignidad humana. Una dictadura que teme incluso al susurro de una joven que escribe ‘ya no me quedan fuerzas’. Y al mismo tiempo, ella es también el símbolo de la resistencia interior que aún late en el corazón del pueblo venezolano. Les pido a todos lo que puedan, ayudar a levantar la voz por este caso por cualquier vía que puedan: redes sociales, medios de comunicación u organizaciones de defensa de los derechos humanos».
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Detenciones por expresar opiniones aumentan
Espacio Público documentó 22 detenciones, entre enero y agosto de 2023, de personas que expresaron sus opiniones contrarias al régimen chavista, algunas en plataformas digitales que se usaron para encarcelarlos.
«En 2024 y 2025, registramos detenciones, bloqueos, despidos y otras represalias vinculadas al uso de plataformas como WhatsApp, en el marco de la conflictividad poselectoral y el cierre del espacio cívico. La ONU también ha señalado que estas prácticas se inscriben en un patrón de represión dirigido a disuadir la crítica y restringir el debate público», dijo la ONG.
El más reciente informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, que abarcó desde las elecciones presidenciales de julio de 2024 a agosto de este año, cuestionó las actuaciones del Poder Judicial del país por su participación en las violaciones a los derechos humanos.
2Los hallazgos de la investigación en este periodo le otorgan a la misión motivos razonables para creer que autoridades del sistema de justicia realizan una contribución esencial en la concreción de la política de Estado de anular a la oposición, identificada por la misión desde su primer informe. Sus actos intencionales han facilitado la consumación de las graves violaciones y su encubrimiento. De esta forma, estas autoridades incumplieron sus obligaciones constitucionales e internacionales».
Periodista Nicaragua Investiga
