La organización internacional Human Rights Watch (HRW) demandó a las autoridades interinas en Venezuela, aún gobernada por el régimen chavista, a desmontar el aparato represivo heredado del exdictador Nicolás Maduro, quien está ahora -junto con su esposa Cilia Flores- en una prisión estadounidense después de su captura el pasado 3 de enero por parte de fuerzas militares estadounidenses que bombardearon la capital del país suramericano.
En un comunicado, HRW dijo que deben implementar reformas del sistema de justicia, en el ámbito electoral y también «derogar leyes represivas», esta última petición que han hecho organizaciones defensoras de derechos humanos venezolanas que instaron al gobierno interino de Delcy Rodríguez a derogar la Ley del Odio, entre otras, aunque la respuesta de su ministro del Interior, Diosdado Cabello, es que continuarán vigentes.
“La excarcelación de presos políticos es un alivio importante, pero el aparato represivo utilizado para detenerlos sigue en pie”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, quien añadió: «Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo reformas reales de sus leyes e instituciones judiciales y electorales. Cualquier otra cosa equivaldría a una transición simulada que quizás sirva los intereses de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, pero que no reivindicará los derechos del pueblo venezolano».
Desde que Rodríguez tomó el poder, el 5 de enero tras la detención de Maduro y Flores, ha avanzado en excarcelaciones de al menos 444 presos políticos venezolanos y de otras nacionalidades, reformó la Ley de Hidrocarburos para permitir una mayor participación de capital privado en las actividades primarias para la producción petrolera y propuso una Ley de Amnistía que aún discute el Parlamento de ese país, controlado por el chavismo desde el año 2021.
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Reformas judiciales y electorales
Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales, entre ellas Foro Penal, señalaron que aún hay más de 600 personas detenidas por razones políticas en diversas cárceles de la nación caribeña, pese a que el pasado 8 de enero el presidente de la Asamblea Nacional uy hermano de la presidenta encargada, Jorge Rodríguez, prometió la excarcelación masiva de ellas.
En el país, familiares de presos políticos comenzaron vigilias frente a estos recintos hace más de un mes y desde el fin de semana anterior 10 de mujeres iniciaron una huelga de hambre, junto con sus detenidos, en la llamada Zona 7, una cárcel que administra la Policía Nacional Bolivariana (PNB), donde Jorge Rodríguez prometió que liberarían a todos los allí recluidos, pero solo se ordenó excarcelar a 17 personas el 14 de febrero.
HRW recordó que a pesar de las excarcelaciones, los beneficiarios de estas medidas «siguen bajo investigación penal y enfrentan restricciones a su libertad de expresión y a su participación en protestas, según informaron a Human Rights Watch organizaciones venezolanas y familiares de los excarcelados. Algunas figuras de la oposición han sido trasladadas a arresto domiciliario, entre ellas Juan Pablo Guanipa, líder opositor que fue liberado el 9 de febrero y detenido nuevamente horas más tarde tras llamar a la población a participar en protestas».
Destacaron que desde el menos 2014, en complicidad con el Ministerio Público y los tribunales, el régimen chavista ha cometido numerosas violaciones de derechos humanos contra la población.
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Entre las exigencias de la organización están la de organizar elecciones libres y competitivas, reformar el sistema judicial para otorgarle la independencia que perdió desde la llegada del fallecido Hugo Chávez al poder en 1999. Entre las leyes que instaron a derogar se encuentran:
- La Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales de 2024, que otorga al gobierno amplios poderes para regular el funcionamiento y el financiamiento de organizaciones no gubernamentales y establece motivos vagos y ambiguos para disolverlas.
- La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela de 2024, que penaliza cualquier crítica a las autoridades o la defensa de sanciones contra Venezuela o contra sus funcionarios. Los infractores se enfrentan a penas de hasta 30 años de prisión y a la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
- La Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia de 2017, que impone penas de 10 a 20 años a cualquiera que “promueva, fomente o incite públicamente al odio, la discriminación o la violencia” y que se ha utilizado para detener a críticos bajo delitos ampliamente definidos.
- La Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo de 2012, que se ha utilizado para enjuiciar a opositores políticos, manifestantes y ciudadanos extranjeros, entre otros, por presuntos delitos relacionados con el terrorismo, con penas que van de 25 a 30 años.
- La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de 2004, modificada en 2010, que se ha utilizado para restringir la libertad de expresión y de prensa, y para censurar y cerrar medios de comunicación.
Otras exigencias que hicieron fue la de permitir el ingreso de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, de las Naciones Unidas, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que constanten en el terreno la situación de los derechos humanos en el país suramericano.
Sobre la Ley de Amnistía, Gobertus se unió a las críticas de las ONG venezolanas: “La amnistía propuesta no garantiza que todas las personas detenidas arbitrariamente sean liberadas incondicionalmente. Su discusión no debe utilizarse como excusa para retrasar la liberación incondicional de los presos políticos o las reformas estructurales necesarias para restaurar la democracia en Venezuela”, aseguró.
Periodista Nicaragua Investiga
