El fiscal general de la República y el Defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz respectivamente, presentaron su renuncia en sendas cartas que se leyeron en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de este miércoles 25 de febrero.
Saab, quien antes de llegar a la Fiscalía en 2017 cuando lo designó la polémica Asamblea Nacional Constituyente, fue Defensor del Pueblo, es señalado por varios informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de múltiples irregularidades al asumir el cargo.
Su salida se produce en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía en el país suramericano y las denuncias de la lentitud para procesar las solicitudes de centenares de presos políticos a los que desde el 8 de enero comenzaron a dejar en libertad.
Además, después de que el 3 de enero pasado fuerzas militares de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una incursión en la que bombardearon Caracas y ciudades aledañas, que dejaron un centenar de fallecidos, entre ellos 32 militares cubanos y cuatro civiles venezolanos.
Saab acabó con la carrera fiscal y aupó la represión en Venezuela
Por ejemplo, la Misión dijo en 2021 que al Saab llegar a la Fiscalía desmanteló la carrera fiscal al decidir que los nombramientos de sus funcionarios serían «cargos de confianza», lo que les daba la potestad de nombrar y destituir a fiscales de forma discrecional.
En ese momento señalaron que «según los exfiscales entrevistados por la Misión, el ingreso al Ministerio Público ya no es meritocrático,
sino que depende en gran medida de factores personales e influencias políticas partidistas».
Pero más allá de eso, con Saab al frente de la Fiscalía se acentuó la represión, las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y la fabricación de cargos contra opositores al régimen chavista, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, con arrestos que usaron legislaciones como la del Odio o Contra el Terrorismo para mantenerlos largos periodos en prisión.
A diferencia de la presidenta interina Delcy Rodríguez, que asumió el poder con la venia de Donald Trump tras la caída de Maduro, o de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que pidieron perdón por las violaciones cometidas por el chavismo, Saab se mostró altivo en el último mes, sin salirse de su guión de que la institución que dirigía se mantenía apegada a las leyes y defensa de los derechos humanos.
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Un fiscal que cooperaba con Maduro
En su informe tras las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, cuando la fuerza pública arrestó a más de 2.000 personas, entre ellas 158 adolescentes, reiteraron la complicidad de Saab en la represión chavista contra la disidencia.
«El Fiscal General, Tarek William Saab, continuó operando como parte de la maquinaria represiva del Gobierno para dotar de una apariencia de legalidad a las violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el período que abarca el informe. La función desempeñada por el Fiscal General fue más evidente durante la represión que siguió al anuncio de los resultados electorales. A raíz de las protestas, el Fiscal General lideró la acción del Estado que condujo a violaciones de los derechos humanos, incluidas las detenciones en masa, al amparo de la tesis del Ejecutivo de la lucha contra un ‘golpe de Estado’ y el ‘fascismo'».
En 2025, en una entrevista con la BBC admitió que debía cooperar y coordinar con Nicolás Maduro como cabeza del Poder Ejecutivo en Venezuela: «¿Cuál es mi deber y mi obligación? Coordinar con él, con los poderes públicos, con el pueblo, con las personas que vengan al Ministerio Público a presentar alguna denuncia» y acto seguido añadió que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, líderes de la oposición de su país, «son totales enemigos de la patria venezolana y del pueblo. En tanto lo que han ofrecido es invasión militar, intervención extranjera, guerra llamado a subversión de la Fuerza Armada y han fracasado absolutamente».
Su salida marcaría un paso en la reinstitucionalización de la Fiscalía y la reforma judicial prometida por la presidenta interina, cambios forzados por la presión de Estados Unidos en su plan de tres fases para la nación caribeña que consisten, en palabras de Donald Trump y Marco Rubio, de estabilización, recuperación y transición. No obstante, lo dejaron como defensor encargado del Pueblo mientras escogen un reemplazo en ese puesto.
Recientemente con la agencia AFP advirtió que quienes recibirían la amnistía «no puede seguir ocurriendo la reincidencia en hechos punibles. Si te están dando medidas de gracia para participar en la vida política de manera sana, eso debe respetarse».
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Se va un defensor del pueblo cuestionado
También dejó su cargo el Defensor del Pueblo Alfredo Ruiz, quien cumplía su segundo mandato de 7 años tras su reelección por parte del Legislativo que desde 2021 controla el chavismo. También es acusado por la Misión de la ONU para Venezuela de no cumplir con su rol en la defensa de los derechos humanos y hacerse la vista gorda contra las denuncias de violencia sistemática contra la población civil venezolana.
En 2024 señalaron que «la misión advierte con especial preocupación la falta de acción y de respuesta de la Defensoría del Pueblo, de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes —integrada en la estructura organizativa de la Defensoría— y de la Dirección General de Protección de los Derechos Humanos del Ministerio Público».
Y añadieron que «el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, solo emitió declaraciones durante este período para alabar el proceso electoral o respaldar el aval del Tribunal Supremo de Justicia a los resultados (de las presidenciales). La misión constató varios casos en los que los familiares o abogados de las personas detenidas arbitrariamente o desaparecidas presentaron denuncias ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Esas denuncias nunca recibieron respuesta y, en algunos casos tras la crisis poselectoral, las autoridades incluso se negaron a recibirlas.
Saab ahora es defensor encargado
Para elegir a sus reemplazos, el Parlamento venezolano debe nombrar un comité de postulaciones para recibir propuestas de diferentes sectores de la sociedad civil y académicos. Sin embargo, el Legislativo nombró a Saab como «defensor encargado» del Pueblo mientras dura el proceso oficial para designar un nuevo funcionario en el puesto.
En la Fiscalía, por Saab, designaron como transitorio a Larry Davoe, quien es abogado y ha ejercido múltiples cargos en el chavismo. Es un hombre de confianza de los hermanos Rodríguez y era nómina de la Defensoría del Pueblo. Ha ejercido la representación de Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, defendido al Estado en Éxamenes Periódicos de la ONU en Ginebra y es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, un despacho que creó el chavismo para intentar blanquear las denuncias de violaciones masivas en el país.
Periodista Nicaragua Investiga
