Claro y contundente ha sido el informe del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), en referencia a las violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua, al reflejar que los ataques han dejado saldos mortales, viviendas quemadas y comunidades desplazadas.
CETCAM señala como perpetradores de estas agresiones a los colonos, quienes atacan hasta en grupos de 50 y 80 personas. El análisis agrega que esta violencia no es reciente ni aislada, sino que es parte de un proceso sistemático de despojo y desalojo de tierras a las comunidades indígenas que se ha extendido durante tres décadas, pese a que existe un marco jurídico que las protege.
A pesar de las constantes denuncias de la sistemática violencia con pruebas contundentes, afirma que el Estado de Nicaragua no ha realizado alguna investigación con seriedad, mucho menos ha detenido a los responsables, al contrario, la cara más visible de la expansión acelerada y violenta de la frontera agrícola son los colonos para beneficiar a grandes propietarios y sus aliados, muchos vinculados con el régimen dictatorial de los Ortega-Murillo, por esa razón su impunidad está garantizada.
Con Ortega se aumentó la violencia
El informe explica que desde que regresó Daniel Ortega al poder la violencia contra estas comunidades aumentó, por lo que se estima que desde 2015 hasta la fecha, los colonos han asesinado a unos 60 indígenas. Otras de las consecuencias que han dejado estos ataques son: secuestros, heridos, destrucción de asentamientos y de cosechas.
Aproximadamente unos 3,000 comunitarios miskitos y mayagnas se han visto obligados a abandonar sus tierras y huir a otras comunidades en Nicaragua y Honduras donde atraviesan penurias, hambre, pobreza extrema y desamparo.
Las armas que usan los colonos para invadir a los indígenas son de guerra, y se presume que entre estos grupos están involucrados exmilitares y excontras.
Destrucción del medioambiente
Señala que esta invasión está dejando graves consecuencias al medio ambiente y a los recursos naturales, porque explotan las áreas protegidas y talan los bosques, contaminan las aguas, eliminan la protección de los ríos, y acaban con especies naturales de flora y fauna, para introducir nuevos cultivos y ganadería, como parte de su actividad depredadora.
Y es que las empresas mineras, madereras y ganaderas también obtienen concesiones gubernamentales para explotar las tierras indígenas mediante el chantaje y la corrupción. Estos empresarios están ligadas directamente al grupo económico de los Ortega Murillo, actuando en connivencia, sin que ninguna institución las regule o sancione cuando cometen delitos ambientales o invaden las tierras indígenas, subraya el informe de CETCAM.
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