Según la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Nicaragua, Antonia Urrejola, las autoridades como la vicepresidenta Rosario Murillo están amparadas por el deterioro de las instituciones democráticas, por lo cual, usan el lenguaje estigmatizante por que saben que «no serán enfrentadas por las instituciones de control o protección de los derechos humanos».
Rosario Murillo ha ofendido en distintas ocasiones a líderes opositores y activistas que se oponen al gobierno de su esposo Daniel Ortega, a quien responsabilizan por los crímenes de lesa humanidad señalados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI.
Urrejola explica a NICARAGUA INVESTIGA que el Estado estigmatiza a los estudiantes porque las mismas autoridades reconocen en el estudiantado una amenaza al poder que tienen como mandatarios, debido a que los sectores estudiantiles suelen ser determinantes en las luchas sociales porque son «especialmente atentos a las injusticias que afectan en nuestros países».
Urrejola recuerda que muchos opositores tuvieron que huir del país, otros fueron prisioneros políticos y muchos más «siguen siendo estigmatizadas por medios de comunicación oficialistas», lo que a su juicio, «supone el incumplimiento, por parte del Estado de Nicaragua de los estándares internacionales de derechos humanos».
La Comisionada explicó que además de la estigmatización hay una exclusión a las víctimas en los planes de atención y reparación que anuncia en gobierno.
«Todo lo contrario, las familias y las víctimas, son vigiladas, perseguidas y amenazadas por policías, por para policías o por grupos de adeptos al Gobierno», expresó.
El sociólogo Mario Sánchez, explica que la estigmatización por parte de actores estatales, en lugar de coadyuvar a encontrar una salida a la crisis política, más bien la complica, porque este tipo de lenguaje como «puchitos, golpistas, vende patrias» entre otros descalificativos que ha utilizado Murillo, aportan al odio que pueda sentir la sociedad hacia ella.
La socióloga Elvira Cuadra opina que el lenguaje estigmatizante, no solamente de los sectores oficialistas si no también de los sectores opositores, puede promover actos de odio e incluso de violencia y opina que es necesario establecer puntos de encuentro.
Para Sánchez, estos puntos de encuentro pueden ser facilitados por actores «notables» como la Iglesia Católica, la cual hasta esta fecha ha tratado de establecer canales de comunicación entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición, hasta el punto de conseguir la liberación de algunos presos políticos y la devolución de la materia prima del diario La Prensa.
A criterio de Urrejola, este tipo de comportamientos no contribuye para que exista una sociedad democrática y menciona que el Estado debe garantizar las libertades públicas, incluyendo la libertad de expresión, tanto de opositores como de oficialistas.
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