El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y Radio Progreso, de la Compañía de Jesús en Honduras, dijeron este miércoles 16 de agosto, que los “daños” contra el personal, estudiantes y jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA) serán “responsabilidad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que en el futuro traerá consecuencias legales internacionales”.
Ante esta situación, el obispo José Antonio Canales, de Danlí, Honduras indicó a Nicaragua Investiga, que en este caso los jesuitas “van a demandar en las instancias internacionales” la actuación que ha tenido el régimen en contra de todo el personal de la UCA.
“No me extrañaría que a eso se añadiera también el reclamo de los bienes que son propiedad de una entidad que había hecho inversiones ahí… Creo que los jesuitas están sentando las bases para más reclamaciones internacionales, que pueda tener en los tribunales, que para eso están auspiciados por la Organización de las Naciones Unidas”, resaltó el obispo hondureño, quien aplaude este actuar de dicha comunidad religiosa.
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Reclamos podría elevarse a la CIDH
En caso de que el reclamo se elevara a instancias de orden judicial, una de las opciones es ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según explica el abogado Danny Ramírez-Ayerdiz, Secretario Ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH).
“Si bien (la CIDH) no podría recibir una denuncia relativa a una persona jurídica porque solo recibe denuncias respecto de personas individuales, justamente en este último sentido, los directivos de la UCA podrían constituirse como víctimas directamente afectadas”, explica el abogado.
Ramírez-Ayerdiz alega que sobre la base legal del orden nicaragüense y de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que Nicaragua parte, se puede “exigir” al régimen que “regrese a los legítimos administradores de esta universidad los bienes confiscados”.
A parte de las instancias legales, hay otras entidades internacionales en las que se puede ventilar la situación de la UCA. En este caso, se podrían ver en problemas directamente el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) y el Consejo Nacional de Universidades (CNU), de acuerdo a lo expuesto por el rector de la cancelada Universidad Paulo Freire (UPF), Adrián Meza.
Reconocimientos de títulos universitarios estarían en “jaque”
Meza explica que tanto el CNEA como el CNU son miembros de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (Riaces), que establece estatutos en cuanto a la promoción de procesos de calidad en la educación, y ambas organizaciones al ser parte del proceso confiscatorio de la UCA, estarían violando dichos reglamentos.
“El artículo 9 de los mismos estatutos establece que el Comité de Ética de Riaces puede perfectamente bien recibir una denuncia, una acusación contra cualquier miembro que violente claramente el espíritu de trabajo y la conducta institucional que Riaces exige de los órganos nacionales en materia de evaluación y acreditación”, apunta Meza.
Si al acudir a Riaces, esta instancia llega a determinar que el CNEA y el CNU han infringido sus estatutos en cuanto a la degeneración del sistema de evaluación y acreditación de la calidad de la educación superior nicaragüense, ambas podrían verse en serios problemas.
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“Pone en jaque la posibilidad de que los títulos universitarios nicaragüenses puedan ser reconocidos en cualquier país miembro de Riaces”, afirma Meza.
Situación de Nicaragua afecta a la región
De momento la comunidad religiosa centroamericana está muy al pendiente de lo que podría pasar con la UCA, la misma Iglesia católica de Nicaragua y cualquier otra embestida que cometa la dictadura contra el pueblo nicaragüense.
El obispo José Antonio Canales señala que en Honduras están a la “expectativa de lo que está pasando en Nicaragua”, debido a que la situación “también está perjudicando al resto de Centroamérica”.
Añadió que están listos para contribuir de cualquier manera al restablecimiento del Estado de derecho y la democracia.
“De alguna manera lo que pasa ahí está afectando a toda la región, sobre todo lo más triste que la región ha retrocedido como cien años. Hemos vuelto a las dictaduras que pensábamos que ya estaban superadas”, finalizó el obispo.
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