Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) escucharon el miércoles las declaraciones de testigos y peritos que prueban que la justicia nicaragüense no quiso investigar la muerte de Dina Carrión como un femicidio o parricidio, sino que la Fiscalía declaró que había sido un suicidio.
En la audiencia, no estuvo presente ningún representante de la dictadura de Daniel Ortega, que en este caso son los demandados por representar al Estado nicaragüense en estos momentos.
Sí declararon Aida Carrión, hermana de la fallecida y Aida Luz González Castillo, la madre de la víctima, quien pidió justicia por el crimen de su hija, a manos de su esposo Juan Carlos Néstor Roberto Siles Saravia.
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También declaró una perito convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la argentina Mariella Labozzetta, quien certificó que las autoridades nicaragüenses rompieron la cadena de custodia de las pruebas en el caso de Dina Carrión, que contaminaron la escena del crimen, se manipuló mal el cadáver, no se entrevistó a testigos, hubo falta de rastreo de llamadas telefónicas y no fue investigado el crimen como un femicidio, sino que se declaró que era suicidio.
Una de las abogadas que trabajó en el caso, Wendy Flores, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, indicó a Nicaragua Investiga que los jueces de la Corte IDH recibirán en agosto los alegatos finales por escrito y después tomarán una decisión, sobre la cual no se conoce fecha específica sino solo que «pueden durar hasta un año deliberando»-
En la audiencia, Flores pidió que la muerte de Carrión sea investigada de forma diligente y con «perspectiva de género», que se elimine cualquier obstáculo para que el proceso avance y, además, que se le entregue un monto de dinero a la Fundación Dina Carrión, con la cual la familia de la víctima ha encontrado una manera de trabajar a favor de las mujeres víctimas de violencia de género y con los huérfanos que dejan las víctimas de femicidio.
El femicidio
Dina Carrión fue encontrada muerta en el jardín frontal de la casa de su esposo Juan Carlos Siles el 3 de abril de 2010, un sábado de Gloria, justo cuando tramitaba el divorcio y se iba sintiendo mejor de una depresión que tenía por ser víctima de violencia por parte de Siles.
La mujer llegó a traer al hijo que procreó con Siles, entonces de 6 años de edad, pero el hombre le dijo que el niño no estaba, que lo esperara.
Luego, Dina Carrión fue encontrada con un balazo en el pecho.
La Fiscalía archivó el caso porque dijo que se trataba de un suicidio, pero luego lo reanudó y acusó a Siles de parricidio.
Siles recusó al juez de la causa alegando que era sobrino de la entonces magistrada presidenta del poder judicial, Alba Luz Ramos y el caso fue enviado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde sigue hasta hoy sin que se haya hecho justicia por la muerte de Dina Carrión.
Los testigos declararon como desde que eran novios, Siles le dio maltrato físico y emocional a Carrión, incluso la obligó a abortar en una ocasión, además de que la golpeaba.
Cuando a Dina Carrión sus familiares le pedían que se divorciara y que se llevara a su hijo, solía responder: «Si yo le quito al niño, ese hombre me mata».
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La familia de la víctima ha hecho de todos
La familia de Dina Carrión contrató a una perito y a un abogado para que impulsaran el caso, pero todo ha sido inútil.
También recurrieron a los organismos defensores de mujeres y de derechos humanos, con los cuales se realizaron marchas y plantones.
Ahora, el caso de Dina Carrión se trata del primer femicidio ocurrido en Nicaragua que llega a la Corte IDH, después de que la CIDH sometió el caso ante ese tribunal interamericano.
Funcionarios del poder judicial nicaragüense le habían dicho a la familia que a ellos, como víctimas, solo les quedaba la corte «celestial».
No han visto al hijo de Dina Carrión
El caso se agrava porque, tras la muerte de Dina Carrión, su familia solo ha logrado ver al niño de ella solo una vez. Humberto Carrión Delgado, padre de la víctima, murió en 2014 esperando justicia por el crimen de su hija y también deseando ver una vez más a su nieto.
El Estado nicaragüense tampoco ha garantizado que el niño tenga vínculos con su familia materna.
Redacción Central
