El martes 30 de julio Lorenzo López Henry y Silvio Hernández Miguel, dos guardabosques Mayagnas, fueron detenidos por la policía al servicio del régimen y trasladados a Bonanza donde enfrentan un proceso judicial anómalo, denunció la Fundación del Río a través de un comunicado de prensa.
Estos dos guardabosques indígenas se suman a ocho que ya fueron condenados por el régimen, luego de ser capturados en febrero de este año. Estos responden a los nombres de Donald y Rodrigo Bruno Arcángel; los hijos de Rodrigo, Evertz Antonio Bruno Palacios y Olvier Bruno Palacios; su sobrino Tony Alberto Bruno Smith; los hermanos Arguello Lino e Ignacio Celso Lino; y Dionisio Robins.
Las condenas son de cadena perpetua para cuatro de ellos que han sido relacionados con la masacre de Kiwakumbaih, ocurrida el 23 de agosto de 2021 en territorio Mayagna Sauni As y en la que 18 personas fueron asesinadas y dos mujeres violadas. La policía sandinista los acusó a ellos, hermanos de una de las víctimas, a pesar de que esta declaró que los perpetradores fueron mestizos que hablaban español y no indígenas.
Los otros cuatro enfrentan una condena de 25 años. «Estos hombres que fueron presentados falsamente como criminales, dedicaron sus vidas a vigilar, monitorear y denunciar la invasión de colonos en territorios indígenas, así como la venta y arriendo ilegal de tierras, la corrupción de las autoridades y las concesiones mineras que amenazan sus territorios», denunció Fundación del Río.
▶️Los 8 #guardabosques #Indígenas #Mayangnas han perdido la esperanza de salir de prisión, luego que el régimen Ortega- Murillo los condenara a cuatro de ellos a cadena perpetua y a los otros cuatro a 25 años de cárcel. 🆘En mayo se intentaron quitarse la vida dos de ellos. Se… pic.twitter.com/lQf7sgvBed
— Fundación del Río (@fundaciondelrio) July 31, 2024
Torturas y ganas de morir
Fundación del Río expresó su preocupación por la condición en la que se encuentran estos guardabosques, que según se conoció, están detenidos en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, «La Modelo», en Managua.
«Están siendo sometidos desde su detención a un régimen de tortura, condiciones inhumanas de encierro, amenazas y abusos por parte de la Policía, como una forma de represalia por oponerse a la invasión de los colonos que usurpan territorios indígenas para instalar industrias extractivas», denuncia la organización, una de las pocas que trabajaba en el tema ambiental sobre Nicaragua y que continúo su labor en el exilio después de haber sido clausuradas y confiscadas por el régimen de Daniel Ortega.
“En mayo ha habido intentos de suicidarse dos personas por esta situación”, dijo un familiar en condición de anonimato. “Unos están con problemas psicológicos y se sienten mal. Lloran…otros están con problemas de salud, de agua, alimentación y otras necesidades personales”, denunció.
El Centro de Asistencia Legal para los Pueblos Indígenas Calpi, ha informado que al menos 70 indígenas han sido asesinados en el contexto de la invasión de colonos en la última década. Otras organizaciones calculan que más de 300 familias indígenas han huido a Honduras y Costa Rica a causa de esa violencia.
Nicaragua Investiga
