Justa Pérez Acuña, otrora ministra del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa (Mefcca), y varios altos funcionarios de esa cartera, fueron despojados de sus cargos en los primeros días de agosto y están siendo investigados por la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía.

Según fuentes vinculadas al Mefcca, revelaron tanto a Confidencial de que Pérez Acuña fue separada de su cargo por supuesta corrupción en el programa “Adelante y Nicavida”, enfocado en las familias rurales y de los pueblos indígenas para garantizar el acceso de los pequeños agricultores a alimentos nutritivos y a una dieta adecuada y aumentar su capacidad de gestión de los recursos naturales y de adaptación al cambio climático.

Nicavida cuenta con un fondo que supera los 45 millones de dólares, cofinanciado con dinero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), de Naciones Unidas.

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Se filtró que la ministra fue sacada de su casa de habitación, ubicada en un reparto de carretera vieja a León, el pasado domingo 4 de agosto. 

“Antes de que saliera el comunicado de la compactación, la semana pasada, la Ministra dejó de venir a la oficina, tampoco está Gustavo Zapata, el director ejecutivo del programa Adelante, el contador, y varios funcionarios”, dijo una fuente vinculada al Mefcca a Confidencial.

Confirmación de Murillo

Aunque el régimen no ha oficializado en La Gaceta la salida de Pérez Acuña, hoy Rosario Murillo anunció en su llamada telefónica de medio día que la embajadora expulsada de Brasil, Fulvia Castro Matus, asumirá esa cartera inmediatamente llegue al país. Según Murillo, la funcionaria ya se encuentra viajando hacia el país.

¿Qué es la compactación?

La compactación se trata del anunció del régimen de un supuesto plan de restructuración en el Estado mediante el cual se procederá a “valorar el trabajo de cada institución, sus direcciones y proyectos”, por lo que se ejecutará un “ordenamiento, reestructuraciones y rediseños, a fin de promover el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública”. 

Analistas descifraron que esto se trata de despidos masivos en el Estado para aquellos que no son leales al régimen y los que se encuentren en corrupciones no autorizadas por la dictadura.

La fuente explicó que se “descubrieron planillas falsas, y trabajadores del ministerio que están en dobles planillas”. Las investigaciones se han extendido en torno al programa Nicavida, que maneja transferencias para los productores en el Corredor de la zona seca.

“Prácticamente todas las operaciones del Mefcca están intervenidas”, reiteró la fuente a Confidencial. “La ministra Justa Pérez llegó al Mefcca como protegida de Gustavo Porras, con quien trabajó muchos años como su asistente en el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), pero ahora hay versiones de que se encuentra detenida por la Policía”.

En mayo pasado se conoció que José Benito Aragón Juárez, exviceministro del Mefcca, fue destituido y presuntamente se encuentra detenido desde el 29 de abril, en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el nuevo Chipote.

La detención de Aragón, junto a su esposa que laboraba en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, está relacionada con el encarcelamiento y los negocios del ex tesorero general de la República, Juan José Montoya, quien desde su cargo se le señala de desviar fondos, cobrar sobornos por compras estatales y recibir comisiones por importaciones de productos para las instituciones estatales.

Más control en la chequera

El economista y exreo político Juan Sebastián Chamorro explicó que el “ordenamiento, reestructuraciones y rediseños, a fin de promover el ahorro y la eficiencia en el gasto y la gestión pública”, se debe a que el régimen “quieren tener más control de la chequera”.

“Ahora, todas las contrataciones públicas tienen que pasar a ser supervisadas por la vice-dictadora. Esto se debe obviamente a los innumerables casos de corrupción que se han venido dando y que ahora la vice-dictadora quiere tener mayor control de ello”, reiteró Chamorro.

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Esta explicación terminó siendo confirmada este 8 de agosto cuando el régimen prohibió a las instituciones contratar nuevo personal, según un comunicado emitido por el titular del Ministerio de Hacienda, Bruno Gallardo, informando que “quedan congeladas todas las plazas vacantes y nueva contratación de personal a partir del 7 de agosto de 2024 de todas las nóminas de las entidades y organismos del sector público”.

Gallardo explica que “se podrá contratar nuevo personal”, solamente que se haga una solicitud formal y justificada que “cuenten con la autorización de la Presidencia de la República”, lo que se interpreta como un esfuerzo por restarle atribuciones de contratación a los ministros y directores de entidades estatales y dejarle esa tarea exclusivamente a Rosario Murillo.