La Ley 872, Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional fue oficialmente reformada este  27 de noviembre en la Asamblea Nacional.

De esta forma, Daniel Ortega se asegura de que su consuegro, Francisco Díaz, dirigente represor de la Policía, le acompañe mientras le considere de utilidad. La reforma extiende de 5 a 6 años el período de funciones del jefe policial, pero deja a discrecionalidad del dictador sandinista cuántas veces relegirlo, al indicar que «el presidente de la república podrá prorrogar en el cargo al director o directora general de la Policía Nacional de acuerdo a los intereses de la nación».

La familia Ortega-Murillo se ha asegurado un control absoluto sobre el Estado con las últimas reformas de leyes y el cambio casi total a la Constitución, pero también ha blindado a su círculo de allegados para que se perpetúen con ellos.

El lenguaje vulgar de la dictadura: una burla a la Constitución y la historia de Nicaragua

Francisco Díaz es el padre Blanca Díaz, esposa de Maurice Ortega Murillo, hijo de los dictadores. Otra de sus hijas; de Nahima Díaz, Directora de Telcor, dirige otra de las instituciones que el régimen utiliza para la represión y que también recientemente sufrió reformas para establecer la vigilancia por celular y controlar la información que se divulga por internet. Las dos familias sellan con esta reforma su complicidad y privilegios.

Avilés también es «premiado»

El otro beneficiado fue el leal jefe del ejército Julio César Avilés, pues también se aprobó una reforma al artículo 8 del Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, Ley 181. A él también le extendieron el período de cinco a  a seis años, porque Ortega considera que «ha desempeñado un papel fundamental en la defensa de la soberanía», y según dice, esta reforma le garantizará «una gestión más duradera» y además, significará «una mayor estabilidad al Ejército de Nicaragua por asegurar la continuidad de las políticas de defensa nacional», aunque en este caso no se menciona la posibilidad de prorrogar el cargo, como si se hizo con Díaz.

Increíblemente, la sesión parlamentaria en la que se realizaron estas dos reformas solo duró 33 minutos, ya que no hubo debate alguno, a como solía suceder durante gobiernos anteriores cuando existía pluralidad política en ese Poder del Estado. Todos los diputados llevaban estuvieron de acuerdo sin objeciones con las modificaciones. 91 diputados fueron cómplices de este proceso.