Estados Unidos sanciona a 20 funcionarios del CNU y rectores de universidades sandinistas

El Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó el Informe sobre Actores Corruptos y Antidemocráticos: 2024, en cumplimiento de la Sección 353 de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, en el que identifica a 20 funcionarios académicos nicaragüenses como actores clave en la corrupción y las prácticas antidemocráticas en este país.

El más reciente informe enviado al Congreso de los EE.UU., este 27 de diciembre de 2024, destaca la participación de altos cargos del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y de diversas universidades privadas en una serie de acciones coordinadas para reprimir la disidencia y tomar el control de las instituciones académicas, modificando sus administraciones en favor del régimen de Ortega.

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Entre los nombrados en el informe se encuentran figuras como Almarina Oliveira Solís Santos, vicepresidenta del CNU, y Roberto Enrique Flores Díaz, secretario del CNU, quienes, junto con otros miembros clave de las universidades, habrían facilitado la represión de la oposición política en las instituciones educativas, forzando cambios en las administraciones de la Universidad Centroamericana (UCA) y al menos 25 universidades privadas.

Estos funcionarios están acusados de implementar políticas para castigar a profesores y estudiantes críticos del régimen y forzar la adhesión a las actividades del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

El informe también revela que figuras como Luz Marina Ortis Narváez y Moisés Ignacio Palacios, vinculados a la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, así como Lilliam de Jesús Lezama Gaitán y otros rectores de universidades nacionales y privadas, han utilizado sus posiciones para reprimir a quienes se oponen al régimen, evidenciando un patrón de violación de los derechos humanos y de la libertad académica en Nicaragua.

Sanciones para corruptos del Triángulo Norte

La lista elaborada por el Departamento de Estado no solo señala la corrupción en el ámbito académico, sino que también destaca actos de violencia, intimidación y obstrucción de las investigaciones sobre corrupción.

A través de esta medida, Estados Unidos ha reiterado su compromiso con la lucha contra la corrupción y las violaciones de derechos humanos en América Central, con un enfoque particular en los actores que contribuyen a socavar la democracia y la libertad en la región.

Este informe más conocido como “Lista Engel», es parte de la La Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte para contrarrestar la corrupción en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras.

La «Lista Engel» surgió por iniciativa del ex congresista demócrata de Nueva York Eliot Engel en 2019. Hasta la fecha han sido sancionados 37 nicaragüenses.

En el caso de Guatemala y El Salvador el Informe sobre Actores Corruptos y Antidemocráticos 2024 incluyó a dos funcionarios por cada país, tres de Honduras y 20 nicaragüenses, una alta cifra en relación al resto de países.

Listado de sancionados nicaragüenses y sus señalamientos

1. Almarina Oliveira Solís Santos, vicepresidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU) de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia al tomar el control de la Universidad Centroamericana (UCA) y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
2. Roberto Enrique Flores Díaz, secretario del CNU nicaragüense, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia, tomando el control de la UCA y de al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalando a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
3. Jaime López Lowery, secretario técnico del CNU nicaragüense, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia al tomar el control de la UCA y de al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
4. Isaías Hernández Sánchez, Director de Planificación y Desarrollo del CNU de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia al tomar el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
5. Mario José Caldera Alfaro, vicepresidente del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia al tomar el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
6. Nivea del Socorro González Rojas, ex miembro de la junta directiva de la CNEA de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia al tomar el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
7. Francisco Martín Jácamo Ramírez, ex miembro de la junta directiva de la CNEA de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia al tomar el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
8. Luz Marina Ortis Narváez, La vicerrectora de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Casimiro Sotelo que no participan en actividades políticas del partido político Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega.
9. Moisés Ignacio Palacios, Secretario General de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, socavó los procesos democráticos o las instituciones al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Casimiro Sotelo que no participan en actividades políticas para el partido político sandinista FSLN de Ortega.
10. Lilliam de Jesús Lezama Gaitán, rectora de la Universidad Politécnica Nacional, socavó los procesos o las instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia, utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Politécnica Nacional que no participan en actividades políticas del partido político sandinista FSLN de Ortega.
11. Henry Antonio Balmaceda Zamora, vicerrector de la Universidad Politécnica Nacional, socavó los procesos o las instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia, utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Politécnica Nacional que no participan en actividades políticas del partido político FSLN de Ortega.
12. María Alejandra Martínez Guadamuz, Secretaria General de la Universidad Politécnica Nacional, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia, utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los docentes y estudiantes de la Universidad Politécnica Nacional que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega.
13. Johana Elena Torrez Mendoza, rectora de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, socavó los procesos democráticos o las instituciones al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés que no participan en actividades políticas para el FSLN de Ortega partido.
14. José Ramón Velásquez Hernández, vicerrector de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés que no participan en actividades políticas para el FSLN de Ortega partido político.
15. Juan Carlos Benavides Fuentes, rector de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza, socavó los procesos democráticos o las instituciones al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega.
16. Noemí del Carmen Obregón, vicerrectora de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza, socavó los procesos democráticos o las instituciones al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega.
17. José Elías Álvarez, secretario general de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza, socavó los procesos democráticos o las instituciones que participaban en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia, utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza que no participan en actividades políticas del partido político FSLN de Ortega.
18. Flor de María Pérez Vélez, rectora de la Universidad Nacional, padre Gaspar García Laviana, socavó los procesos democráticos o las instituciones al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia, utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega.
19. Javier Guillermo Hernández Munguía, vicerrector de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, socavó los procesos democráticos o las instituciones al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana que no participan en actividades políticas del partido político FSLN de Ortega.
20. Claudia Patricia Jovel Castillo, Secretaria General de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, socavó los procesos democráticos o las instituciones al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia, utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana que no participan en actividades políticas del partido político FSLN de Ortega.