La creciente represión del gobierno de Daniel Ortega se ha convertido en el factor determinante que condiciona el arranque de este nuevo año 2025 en Nicaragua.
Las voces críticas en el exilio coinciden en que la política de control absoluto de las instituciones y la persecución a opositores e incluso, a sus mismos seguidores que ya no les son de utilidad, mantienen al país inmerso en una profunda incertidumbre, con previsiones económicas estancadas y un tejido social cada vez más debilitado.
Aunque algunos sectores privados muestran cautela y aguardan señales de apertura para reactivar la inversión, el entorno de miedo—reforzado por posibles expropiaciones y regulaciones asfixiantes—frena la confianza de empresarios nacionales y extranjeros.
A esta dinámica se suma la salida forzada de profesionales, lo que afecta especialmente a la educación, la salud y otros servicios básicos, incrementando la vulnerabilidad de la población.
Régimen robustecido con leyes represivas
En medio de esta tensión, el régimen continúa concentrando el poder y restringiendo libertades civiles. El exilio de periodistas, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos profundiza el aislamiento internacional y fortalece el control institucional.
De cara a 2025, analistas han advertido que las perspectivas de mejora se ven opacadas por la falta de reformas políticas que garanticen transparencia y un ambiente propicio para la cooperación global. Por el contrario, el régimen se ha blindado con un marco legal para perpetuarse en el poder.
Ante este panorama, miles de nicaragüenses inician el año con la esperanza de que la presión externa y la resiliencia interna logren hacer retroceder la represión y permitan abrir espacios para el diálogo.
Sin embargo, el horizonte inmediato luce complejo para una nación que, en pleno siglo XXI, enfrenta una dictadura con 18 años en el poder que concentra un poder absoluto y autoritario.
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