A pocos días de que finalice el año, la situación en Nicaragua se mantiene marcada por la incertidumbre política y económica.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa reforzando su control sobre las instituciones del Estado, a la vez que arrecia su ofensiva contra voces disidentes y medios de comunicación independientes.
Mientras tanto, la población enfrenta grandes desafíos económicos y sociales que amenazan con agravar la crisis humanitaria en el país.
Nicaragua cierra el año con una economía en jaque de cara a 2025
En el transcurso del 2024, distintas organizaciones de derechos humanos han registrado un repunte en el hostigamiento y la persecución política.
El último informe de Amnistía Internacional publicado el pasado 17 de diciembre de 2024, reveló que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cierra el año con una estrategia represiva más refinada y sistemática contra cualquier forma de disidencia en Nicaragua, que incluye a opositores y hasta a sus propios seguidores que sean considerados una amenaza.
De acuerdo con el análisis presentado en el documento se confirma el perfeccionamiento de un patrón estatal que inició en 2018 con el uso de la fuerza letal contra manifestantes y que hoy se expresa en el destierro, la privación arbitraria de la nacionalidad y el desmantelamiento absoluto de la sociedad civil.
«El acoso, hostigamiento y el uso indebido del derecho penal que inicialmente se dirigía contra manifestantes, activistas, opositores políticos, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y lideres indígenas, se ha ido extendiendo a la sociedad en su conjunto, afectando a cualquier persona percibida como una amenaza para las políticas o narrativa estatal», indica el documento.
Desafíos económicos y sociales
La inflación y el alza en el costo de la canasta básica afectan con mayor dureza a las familias de menores ingresos, ya que esta ronda los US$600, en un país cuyo salario mínimo mensual es de US$200.
La crisis socioeconómica y la falta de oportunidades laborales llevan a cada vez más nicaragüenses a buscar alternativas en el extranjero.
Con la mirada puesta en el próximo año, la comunidad internacional y diversos sectores de la sociedad civil en el exilio exigen que el régimen abra espacios de diálogo y cese la persecución a opositores y voces críticas.
El cuestionado sistema electoral y las persistentes violaciones a los derechos humanos mantienen un clima de tensión que podría derivar en nuevas protestas y una mayor represión.
Varias organizaciones han solicitado intensificar la presión diplomática y las sanciones selectivas contra funcionarios del Gobierno de Ortega que, según denuncian, violan sistemáticamente los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Líderes opositores y grupos en el exilio trabajan en construir una coalición sólida que contrarreste el poder de Ortega, con la esperanza de impulsar reformas y elecciones libres en el futuro.
Mientras el año 2024 llega a su fin, las exigencias de cambios políticos y el anhelo de mejores condiciones de vida para la población nicaragüense chocan con la creciente represión oficial.
La crisis que afecta al país se perfila como uno de los mayores desafíos para el próximo año, dejando en evidencia la urgencia de una salida democrática y pacífica a la profunda fractura social que vive Nicaragua.
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