El año 2024 quedará marcado como uno de los más trágicos para las mujeres nicaragüenses, al registrarse un total de 91 femicidios, de acuerdo con el informe anual del Observatorio Voces de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
Esta escalada de violencia, que superó los 74 casos documentados en 2023 y los 68 de 2022, refleja la persistencia de la violencia machista en el país y la falta de políticas estatales para la prevención y protección de la vida de las mujeres.
Del total de casos, 68 ocurrieron dentro de territorio nicaragüense y 23 en el extranjero. Según detalló el informe, diez de las víctimas fueron asesinadas en Costa Rica, nueve en Estados Unidos, dos en México, una en Panamá y otra en El Salvador, situación que pone de manifiesto que la violencia de género se expande más allá de las fronteras nacionales y afecta especialmente a las mujeres migrantes que buscan mejores oportunidades de vida en otros países.
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“La violencia machista sigue arrebatándonos a nuestras mujeres. En 2024 sobrepasamos todos los registros anteriores y cada día las mujeres nos sentimos más inseguras. No existen políticas firmes ni estrategias que reduzcan esta problemática, mientras continúen los indultos que dejan en libertad a los agresores”, advirtió una activista feminista en anonimato.
Desde la organización, además, alertaron sobre el profundo impacto en las familias de las víctimas. Cada año, más de cien niñas, niños y adolescentes quedan huérfanos a causa de los femicidios.
“El dolor que viven estas familias es inconmensurable. Es hora de tomar conciencia de esta realidad y exigir medidas concretas que protejan a las mujeres”, añadió la fuente anónima.
Un régimen que prioriza la represión por sobre la protección
Mientras las cifras de femicidios siguen en aumento, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha enfocado en la aprobación y aplicación de leyes represivas dirigidas a silenciar y controlar a la población, dejando en un segundo plano la prevención y protección de los derechos de las mujeres.
Activistas y organizaciones de la sociedad civil cuestionan la ineficacia o ausencia de programas gubernamentales para la erradicación de la violencia de género, señalando que la falta de voluntad política y la persecución a voces críticas agravan la crisis.
La persistente violación de los derechos humanos en Nicaragua —evidenciada en los constantes señalamientos de organismos internacionales— se convierte así en un caldo de cultivo para la impunidad.
“La impunidad se extiende cuando el régimen centra sus energías en perseguir, encarcelar y reprimir a opositores y periodistas, mientras que la protección a las mujeres brilla por su ausencia. Es un golpe mortal para cualquier esperanza de cambio en la seguridad de las nicaragüenses”, manifestó otra activista feminista, que prefirió no ser identificada.
Violencia persistente en 2025
El inicio de 2025 no ha ofrecido señales de mejora. En lo que va del año, al menos seis nicaragüenses han sido asesinadas por violencia machista, cinco de ellas en el extranjero y una en el país.
El caso más reciente ocurrió el pasado 12 de enero de 2025 en el barrio La Fuente, en Managua, donde el periodista Erick Ramón Hurtado Urbina, de 67 años, mató a su pareja, Sara Fernanda Áreas Padilla, de 30 años.
Hurtado Urbina había sido acusado por su pareja por violencia de género en agosto de 2024 y contaba con una orden de captura desde octubre del año pasado que no fue ejecutada por la Policía, por lo cual el agresor estaba en libertad.
Este hecho ha causado conmoción e indignación entre los vecinos de la víctima que eran conocedores de la situación de la pareja, ya que el femicida pudo haber sido arrestado por la Policía, sin embargo, las autoridades están enfocadas en mantener la represión en contra de la población orientada por el régimen y no en mantener la seguridad de los ciudadanos y la prevención de este tipo de delitos.
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