Los miembros del Ejército de Nicaragua que participaron en la represión y asesinatos de manifestantes en 2018, se reunían en un campo de béisbol ubicado en las instalaciones de la Policía Nacional en Plaza El Sol, en Managua. Usaron armas que, algunas de ellas, fueron decomisadas al narcotráfico.
Estos sujetos provenían de una escuela militar y, una vez en el campo, se cambiaban a ropa de civil o vestían camisetas con logotipos de empresas estatales, para luego ser abastecidos con armas que provenían de la Dirección de Registro y Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados. Otras carecían de registro legal o tenían el número de serie borrado.
Una fuente manifestó al Grupo de Expertos de la ONU que los militares que participaron en la represión fueron identificados por la forma en que se desplazaban.
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“Hay una foto de ellos con la rodilla a tierra, eran militares, es la forma en la que identificamos que eran del Ejército. Estos tenían el mismo uniforme que los antimotines”, reveló la fuente que habló con el Grupo de Expertos de la ONU, bajo la condición de anonimato, en un informe publicado este 3 de abril de 2015.
Los comandos TAPIR, una fuerza especial de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), se movían en el terreno como militar, en grupo de tres, “le decimos formación en diamante, eso se llama combate urbano, eso lo usa el Ejército”.
La fuente señaló que tres iban pegados a la pared, uno apuntando hacia el frente, el que iba detrás cubría a los lados y el último la parte de arriba por si hay algún enemigo en el techo. “Así los identificamos”, añadió.
¿Qué armas usaron en esas?
Las armas usadas son fusiles de asalto AK47 y AK74, calibre 7.62 mm, fusil de asalto Galil, calibre 5.56 mm, ampliamente utilizado en operaciones militares y con un alcance efectivo significativo. También fusiles M16 y M16-A1, calibre 5.56 mm, diseñados originalmente para uso militar, así como fusiles de francotirador Dragunov, calibre 7.62 mm, de fabricación soviética. Además ametralladora PKM, calibre 7.62 mm, automático de fabricación soviética, como lanzacohetes RPG.
“El análisis del uso de armamento de carácter militar en el contexto de la represión de manifestaciones, las tácticas de movimiento adoptadas y la letalidad de los disparos, entre otros factores, permite concluir que miembros del Ejército participaron en dichas acciones y que también tendrían responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en este contexto”, afirma la ONU. Para el uso de las ametralladoras PKM y los lanzacohetes RPG, se requiere conocimientos técnicos avanzados, incluyendo formación en puntería, balística y mantenimiento.
“Estas capacidades exceden el adiestramiento habitual de las unidades policiales encargadas del control del orden público, lo que refuerza la conclusión sobre la participación de personal militar en estos hechos. Una fuente informó al Grupo de Expertos que fueron atacados con armas de guerra, con fusiles, PKM, RPG7, Galil, Dragunov SVD, que son usadas por francotiradores y por fuerzas especiales del Ejército”.
En una de las empresas de seguridad, la Dirección de Operaciones Especiales Policiales llegó a las bodegas y se llevó cerca de mil escopetas Remington; Mossberg y Maverick 88. También lo hicieron con las armerías que tenían licencia en el Departamento de Estado de los Estados Unidos para comercializar en Nicaragua provenientes de varios países. En algunas zonas del país hubo confiscación de armas de cacería accesibles a los civiles.
Además, se tomaron armas en la bodega de Xiloá, a cargo del Comando de Operaciones Especiales del Ejército. Allí se encontraban algunas que habían quedado también como remanente de los procesos de paz, durante el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro. Parte del armamento era de Vietnam, incluyendo fusiles M-16, AK-47 de fabricación china y AK-47 de origen alemán.
Una fuente manifestó al Grupo de Expertos que las AKS eran transportadas por personal de la policía y personas de civil, hasta la sede de su trabajo. Los superiores les manifestaron a los funcionarios públicos que mantuvieran esto en reserva.
Los nombres de los involucrados
En la represión del 2018, un grupo de altos mandos del Ejército dieron la orden para que vistieran uniformes policiales o ropas civiles, para apoyar a la Policía y a los paramilitares.
Los miembros del Ejército mencionado en el informe son:
- José Hilcias Rizo Rizo, Coronel de Infantería, Jefe, Primer Comando Militar Regional
- Vladimir Ilich Martínez Jarquín, Coronel de Artillería, Jefe, Segundo Comando Militar Regional, Ejército Nacional.
- Denis Manuel Hernández Martínez, Coronel de Infantería, Jefe, Quinto Comando Militar Regional, Ejército Nacional.
- Marvin Antonio Paniagua Pineda, jefe del Sexto Comando Militar con jurisdicción en Matagalpa y Jinotega.
- Álvaro Francisco Rivas Castillo, jefe del Destacamento Militar Sur, con jurisdicción en el departamento de Río San Juan y este último en operaciones conjuntas con el Batallón Ecológico Bosawas.
- Manuel Salvador Gaitán, jefe del Comando de Operaciones Especiales.
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El 20 de abril de 2018 se celebró una reunión en la que participaron oficiales activos del Comando de Operaciones Especiales y de las Direcciones de Doctrina y Enseñanza, de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, y de la Dirección de Personal y Cuadros, en la que se dijo que el país se enfrentaba a un golpe de Estado orquestado por organizaciones sociales.
El Jefe de Estado Mayor del Ejército leyó una orden presidencial en la que se instaba a los jefes de las distintas unidades militares a “neutralizar” a los implicados en las manifestaciones. El Grupo de Expertos de la ONU sostiene que deben profundizar más su investigación en relación con el resto de los comandos Militares Regionales y el Destacamento Militar Norte.
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