La Policía Nacional, bajo las órdenes de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, obtuvo un cuantioso préstamo. Este dinero que le dará el Banco de Desarrollo de Belarús, será empleado para la vigilancia de manifestaciones —a pesar de su prohibición—, fiestas patronales y el monitoreo de la población campesina en Nicaragua.

El préstamo, aprobado este miércoles 2 de julio por la Asamblea Nacional, es de 4,828,220.50 millones de dólares, y está dirigido al proyecto de “Seguridad Nacional y Soberana”, que supuestamente estaría basado en la protección a “las personas, familias y las comunidades en el campo y la ciudad”.

Con este nuevo préstamo del Banco de Desarrollo de Belarús, la Policía del régimen podrá mejorar su capacidad operativa en la compra de 50 vehículo “todoterrenos” exportados de ese país, que serán distribuidos en las delegaciones y subdelegaciones donde supuestamente existe “índice delictivos de especial atención”.

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Préstamo dirigido para aumentar vigilancia

El régimen asegura que uno de los beneficios del proyecto es optimizar la vigilancia en fiestas patronales, manifestaciones y desastres naturales. También sostiene que “fortalecerá la capacidad preventiva y operativa en áreas urbanas y rurales del país, con especial incidencia en el combate con el crimen organizado y el resguardo de la producción en el campo”.

El régimen sostiene que este préstamo beneficiará a 4,956,964 nicaragüenses mediante el uso de los sistemas policiales. Este préstamo, que pasará a aumentar la deuda pública del Estado de Nicaragua, tendrá un plazo de cinco años, con un periodo de gracia de un año, con la tasa de interés de créditos establecida por el Banco Popular de China.

Parte de lo que establece el préstamo que logró conseguir la Policía con Belarús para aumentar la vigilancia en Nicaragua.

En 2020, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) suspendió el desembolso de 7.6 millones de dólares para la Policía, luego que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impusiera una sanción a la institución policial por reprimir a manifestantes en 2018.

El proyecto en ese entonces era similar al que presentaron a Belarús, se llamaba: “Ampliación de la Cobertura Rural de la Policía Nacional para fortalecer la Seguridad Ciudadana”.