La pareja dictatorial sandinista decidió adjudicar cinco propiedades al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, según consta en la Gaceta, el diario oficial de la nación.
Este martes, 7 de octubre, en dos acuerdos presidenciales autorizaron a la Procuraduría General de la República comparecer ante la Notaría del Estado para suscribir una «escritura pública de donación» a favor del INSS. Una en el departamento de Managua, que dicen es propiedad de la Nación y se usará para la «seguridad social» de los trabajadores y fortalecer «las capacidades» del INSS.
En la Gaceta solo detallan que pertenece a la Nación bajo el registro de NAP BI-2L261088. Se trata de un «bien inmueble» que la presidencia del INSS recibirá en calidad de donación.
También, vía acuerdo presidencial del régimen, adjudicarán tres propiedades más en el Departamento de Matagalpa, que de nuevo identifican como parte de la Nación, inscristas en el registro público de esta región. Están inscritas bajo los números BI-2L261CD1, BI-2L261CCS y BI-2L261CCM.
Confiscaciones sin parar
El régimen de Ortega acostumbrado a las confiscaciones desde que llegó al poder tras derrocar a la dictadura de Anastasio Somoza en la década de 1980, continúa en su segunda etapa como gobernante con las mismas prácticas, ahora fortalecidas tras las protestas general del año 2018.
Desde entonces y hasta la fecha, cerraron más de 5 mil organizaciones de la sociedad en todo el país, a lo que sumó la incautación de sus propiedades; es decir, no se conformaron con eliminar su personería jurídica sino que se quedaron con sus bienes muebles e inmuebles.
En reportaje de Nicaragua Investiga de agosto pasado, la Fundación del Río, una organización ambientalista que operaba para proteger la reserva de biósfera de Río San Juan, dijo que les despojaron 22 propiedades. “Nosotros teníamos áreas de conservación, que son reservas silvestres privadas, al menos cuatro zonas de conservación fueron confiscadas por el régimen de Nicaragua”, informó Amaru Ruiz a cargo de ese organismo clausurado ilegalmente por la dictadura.
En su más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en el país, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para DDHH presentó en Ginebra el deterioro de la realidad en el país, entre junio de 2024 y junio de 2025.
La dictadura revocó en 2024 la personalidad jurídica a 1.894 organizaciones y confiscaron sus bienes. Desde la crisis del año 2018 la cifra se eleva a 5.535; es decir, casi un 80 % de las organizaciones que estaban registradas en el país, cita el documento de las Naciones Unidas. Esto también alcanzó a organizaciones religiosas que en 8 años perdieron su personalidad jurídica, una cifra que llega a 1.311 organizaciones religiosas, tanto católicas como evangélicas.
Periodista Nicaragua Investiga
