La Comisión sobre la Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos (USCIRF por sus siglas en inglés) recomendó a la Casa Blanca y al Congreso estadounidense imponer sanciones al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la persecución religiosa en Nicaragua.
En su informe 2025 sobre el estado de las libertades religiosas en el mundo, destacaron «el arresto, encarcelamiento y exilio arbitrarios de líderes y fieles religiosos, la cancelación del estatus legal de organizaciones religiosas y el acoso e intimidación a los fieles», en especial a líderes de las iglesias cristiana y católica del país centroamericano.
El documento menciona el encarcelamiento y condenas de cárcel, entre 11 y 15 años de prisión, contra 11 pastores afiliados al ministerio Mountain Gateway, a quienes también les impusieron multas de aproximadamente tres mil millones de córdobas (80 millones de dólares) «bajo cargos falsos de lavado de dinero».
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Reimponer sanciones y designar al país como CPC
Entre las recomendaciones que dieron al gobierno estadounidense están la designar a Nicaragua como un “’país de especial preocupación’ (CPC, por sus siglas en inglés) por incurrir en violaciones sistemáticas, continuas y flagrantes de la libertad religiosa, según lo define la Ley de Libertad Religiosa Internacional (IRFA, por sus siglas en inglés)».
Además que se apoye la renovación del mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos Sobre Nicaragua (GHREN) en el Consejo de Derechos de la ONU para que continúe con su labor de documentar las violaciones a las libertades en la nación centroamericano.
Igualmente exigen que se reimpongan sanciones «de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851 y la Sección 203 de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), contra los funcionarios nicaragüenses responsables del exilio de personas religiosas, e investigar si alguna entidad del gobierno nicaragüense vinculada con violaciones de la libertad religiosa mantiene propiedades en los Estados Unidos, incluso en asociación con el Instituto de Previsión Social Militar», alertaron este martes 18 de noviembre.
Pidieron que se brinde protección humanitaria a los perseguidos por expresar su fe, algo que solicitan se haga en coordinación con la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que incluye a los exiliados y a quienes despojaron de su nacionalidad.
Qué denunció el USCIRF sobre Nicaragua
Al analizar el panorama nicaragüense, el USCIRF recordó la expulsión del país de los 11 pastores a los que condenó a penas de cárcel, así como a las exestudiantes universitarias católicas Adela Tercero y Gabriela Morales y el periodista Víctor Ticay, a quienes exilió a Guatemala.
«La presión del Congreso y la intervención del Departamento de Estado de EE. UU. fueron clave para la posterior liberación de los pastores. En agosto, las autoridades arrestaron a varios miembros del clero católico sin explicación y los exiliaron al Vaticano. En noviembre, el gobierno arrestó arbitrariamente y exilió al obispo Carlos Herrera a Guatemala, y ordenó a todas las monjas que permanecían en Nicaragua que abandonaran el país antes de diciembre», citaron sobre la situación de la libertad religiosa en el año 2024.
Entre las acciones arbitrarias que mencionaron se encuentran la cancelación de la personería jurídica de organizaciones católicas y evangélicas en enero de 2024, así como el cierre de Radio María, una emisora católica, en julio. En agosto, las autoridades cancelaron el estatus legal de 1.500 organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas de carácter religioso. Ese mismo mes, cancelaron arbitrariamente el estatus legal de Cáritas de Matagalpa, una organización benéfica católica. El gobierno suele confiscar y reutilizar los bienes relacionados tras dichas cancelaciones, dijeron.
Otro hecho es la cancelación de las tradicionales procesiones durante la Semana Santa, por parte de la Iglesia católica, así como el despliegue de unos 4 mil agentes de la Policía Nacional de Nicaragua en los alrededores de los templos para impedir estas manifestaciones religiosas. «En mayo, la policía interrogó y registró a peregrinos que viajaban al Santuario Nacional de la Virgen de Cuapa, impidiendo que algunos llegaran al santuario. En noviembre, las autoridades prohibieron a los feligreses de Masatepe celebrar el Día de los Fieles Difuntos», añadieron.
No pasaron por alto las amenazas y hostigamiento verbal por parte de la dupla Ortega-Murillo contra líderes religiosos, en especial de la codictadora quien usa términos ofensivos contra representantes de las iglesias.
Qué pasa en Cuba y Venezuela con la libertad religiosa
El informe también señala las arbitrariades de Cuba y Venezuela contra la libertad religiosa. Dedican un capítulo a la isla caribeña, en el que advirtieron como la aprobación de leyes como la de Ciudadanía y Comunicación Social atentan contra este derecho, así como la Ley de Asociaciones que obliga a las organizaciones religiosas a registrarse ante el Ministerio de Justicia cubano.
«Las decisiones sobre el registro son a menudo arbitrarias y discriminatorias, y la pertenencia o asociación con un grupo religioso no registrado constituye un delito. Como resultado, los miembros de grupos religiosos no registrados, como la Asociación Libre Yoruba, se enfrentan con frecuencia a interrogatorios, detenciones, amenazas de prisión por cargos falsos y confiscación de bienes», denunciaron del caso del país caribeño.
Como ocurrió en Nicaragua, el gobierno cubano también prohibió las procesiones de Semana Santa y la Pascua en varias regiones de ese país, una violación a la libre expresión de la fe de las personas.
«Lorenzo Rosales Fajardo, pastor de la iglesia independiente Monte de Sion, seguía encarcelado tras cumplir una condena de siete años por participar pacíficamente en las protestas de julio de 2021 en favor de la libertad. En febrero, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas dictaminó que el encarcelamiento del pastor Rosales Fajardo era arbitrario y violaba numerosos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos».
Al igual que hicieron con Nicaragua, recomiendan a la Casa Blanca designar a Cuba como un país de especial preocupación, así como a cancelar visas a funcionarios que estén involucrados en la persecución a líderes religiosos cubanos y organizaciones, entre las que mencionaron a las Damas de Blanco, la Asociación Libre Yoruba, y presos por motivos religiosos incluidos en la Lista de Víctimas de la USCIRF, e identificar públicamente a los sancionados.
Sobre Venezuela hablaron del asesinato de un sacerdote en el estado indígena de Delta Amacuro, al este del país suramericano, así como la desestimación del caso por parte de la dictadura de Nicolás Maduro que lo consideró un suicidio.
Alertaron sobre la creación de una oficina de asuntos religiosos por parte del régimen chavista al considerar que «dicha oficina impusiera restricciones a los grupos religiosos, en particular a los cristianos. Según informes, las autoridades presionaron a líderes evangélicos y cristianos para que expresaran su apoyo político al gobierno de Maduro a cambio de recursos y financiación para apoyar a las instituciones religiosas comunitarias». Añadieron que la dictadura venezolana permitió ataques de grupos no estatales contra cristianos.
Hablaron de estos tres países como una «tríada» que «más flagrantemente violan la libertad de religión o de creencias en la región. Los tres países utilizan métodos similares para reprimir la libertad religiosa, como el acoso a las comunidades religiosas, la obstrucción judicial, el favoritismo hacia ciertos grupos religiosos y el cierre del espacio cívico».
Periodista Nicaragua Investiga
