El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua dijo que hasta el 2 de diciembre el país tiene 62 presas y presos por razones políticas. Con esta actualización, la lista se reduce en 15 personas desde los 77 que informaron a finales del pasado mes de octubre.
En su informe dijeron que «durante el periodo evaluado, octubre a inicios de diciembre, fueron excarceladas 18 personas previamente incluidas en la lista del Mecanismo (12 hombres y 6 mujeres). Estas liberaciones ocurrieron sin notificación previa y varias personas fueron entregadas a sus hogares con signos de deterioro físico y emocional», explicaron.
17 excarcelaciones del listado no oficial
Además, totalizan otras 17 excarcelaciones de personas que no estaban incluidas en la lista oficial del Mecanismo, con lo que hay 35 excarcelaciones en la última semana, una política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que no han informado los motivos de estas medidas.
«Estos perfiles corresponden mayoritariamente a trabajadores del Estado, exmilitares y simpatizantes del partido de gobierno», detallaron sobre estos últimos beneficios.
Recordaron que de las 62 personas presas políticas, 45 % de ellas se encuentran en situación de desaparición forzada; es decir, no se conoce el sitio de reclusión ni su estado físico o emocional porque la dictadura no ha emitido información oficial. «Se mantiene un fuerte sesgo de género: 83 % de las mujeres continúan desaparecidas, frente al 37 % de los hombres», agregaron.
Mecanismo alerta que se acentúa la represión
Sobre las y los adultos mayores como presas y presos políticos, la cifra pasó de 22 en el penúltimo informe a 18 en esta actualización. El Mecanismo alertó sobre el riesgo que representa mantener privadas de libertad a estas personas que tienen enfermedades preexistentes por razones de edad.
«El análisis departamental confirma que el 24 % de las personas presas políticas procede de Carazo, zona donde las redadas de julio y agosto de 2025 generaron numerosos casos de desaparición. Managua concentra el 21 % de los detenidos, pero el 48 % del total está recluido en centros penitenciarios ubicados en Tipitapa y la capital, lo que incrementa obstáculos para el acompañamiento familiar», añadieron.
Este listado lo construyen con información que aportan los familiares, por lo que destacaron que existe un subregistro ante el miedo entre la población de informar sobre las detenciones arbitrarias del régimen.
«A pesar de esta reducción numérica, los patrones de represión continúan profundamente arraigados en la actuación estatal. Se conoció que las familias de las personas detenidas siguen siendo amenazadas, vigiladas y hostigadas por las autoridades, en un intento deliberado por impedir que ejerzan su derecho a denunciar, documentar abusos o buscar acompañamiento jurídico y psicosocial. Estas prácticas —ampliamente reportadas en meses anteriores— consolidan un entorno coercitivo de silencio forzado, donde la expresión pública de estas familias implica riesgos directos para su seguridad», recalcaron.
Periodista Nicaragua Investiga
