El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua dijo que hasta el 2 de diciembre el país tiene 62 presas y presos por razones políticas. Con esta actualización, la lista se reduce en 15 personas desde los 77 que informaron a finales del pasado mes de octubre.
En su informe dijeron que «durante el periodo evaluado, octubre a inicios de diciembre, fueron excarceladas 18 personas previamente incluidas en la lista del Mecanismo (12 hombres y 6 mujeres). Estas liberaciones ocurrieron sin notificación previa y varias personas fueron entregadas a sus hogares con signos de deterioro físico y emocional», explicaron.
17 excarcelaciones del listado no oficial
Además, totalizan otras 17 excarcelaciones de personas que no estaban incluidas en la lista oficial del Mecanismo, con lo que hay 35 excarcelaciones en la última semana, una política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que no han informado los motivos de estas medidas.
«Estos perfiles corresponden mayoritariamente a trabajadores del Estado, exmilitares y simpatizantes del partido de gobierno», detallaron sobre estos últimos beneficios.
Recordaron que de las 62 personas presas políticas, 45 % de ellas se encuentran en situación de desaparición forzada; es decir, no se conoce el sitio de reclusión ni su estado físico o emocional porque la dictadura no ha emitido información oficial. «Se mantiene un fuerte sesgo de género: 83 % de las mujeres continúan desaparecidas, frente al 37 % de los hombres», agregaron.
Mecanismo alerta que se acentúa la represión
Sobre las y los adultos mayores como presas y presos políticos, la cifra pasó de 22 en el penúltimo informe a 18 en esta actualización. El Mecanismo alertó sobre el riesgo que representa mantener privadas de libertad a estas personas que tienen enfermedades preexistentes por razones de edad.
«El análisis departamental confirma que el 24 % de las personas presas políticas procede de Carazo, zona donde las redadas de julio y agosto de 2025 generaron numerosos casos de desaparición. Managua concentra el 21 % de los detenidos, pero el 48 % del total está recluido en centros penitenciarios ubicados en Tipitapa y la capital, lo que incrementa obstáculos para el acompañamiento familiar», añadieron.
Este listado lo construyen con información que aportan los familiares, por lo que destacaron que existe un subregistro ante el miedo entre la población de informar sobre las detenciones arbitrarias del régimen.
«A pesar de esta reducción numérica, los patrones de represión continúan profundamente arraigados en la actuación estatal. Se conoció que las familias de las personas detenidas siguen siendo amenazadas, vigiladas y hostigadas por las autoridades, en un intento deliberado por impedir que ejerzan su derecho a denunciar, documentar abusos o buscar acompañamiento jurídico y psicosocial. Estas prácticas —ampliamente reportadas en meses anteriores— consolidan un entorno coercitivo de silencio forzado, donde la expresión pública de estas familias implica riesgos directos para su seguridad», recalcaron.
De dónde son los excarcelados
El Mecanismo, que recientemente criticó la falta de información oficial sobre las excarcelaciones, informó que las 35 de los últimos días son de personas de Managua, Masaya, Chinandega, León, Matagalpa y Carazo. En su gran mayoría se trata de adultos mayores que al ser entregados a sus familiares presentaban un importante deterioro físico y emocional.
«Luego de ser entregadas en sus hogares, estas personas y sus familias fueron amenazadas explícitamente para no denunciar lo sucedido y se les informó que permanecerían bajo ‘casa por cárcel’ o ‘municipio por cárcel’, con la obligación de presentarse diariamente a firmar en estaciones policiales. En varios casos, la Policía Nacional mantiene vigilancia directa en sus viviendas, lo que convierte la excarcelación en una forma de control extendido, no en una restitución de derechos».
Cuestionaron que estas acciones no están acompañadas de información sobre el estado de los procesos judiciales de los excarcelados, las violaciones de sus derechos humanos ni los motivos por los cuales los detuvieron. «Las excarcelaciones, lejos de representar un cumplimiento de las obligaciones internacionales, evidencian un patrón de detención arbitraria, liberación condicionada y persistencia del castigo político, donde el sistema penal se utiliza para intimidar, disciplinar y castigar socialmente», añadieron.
En la cárcel aún continúan privados de libertad adultos mayores, guardabosques indígenas, líderes sociales, miembros del clero religioso, simpatizantes del FSLN, militares y exmilitares.
Periodista Nicaragua Investiga
